El crimen machista del Coll d'en Rabassa, epicentro del debate sobre las pulseras antimaltratadores

Rosario tenía asignada una pulsera de control telemático, pero el día 10 de diciembre de 2024, cuando fue asesinada no la llevaba, presionada por su pareja, que la había amenazado para que se la quitara. Este crimen se produjo en un contexto de fallos generalizados en el sistema de detección de quebrantamiento de órdenes de alejamiento, tal y como refleja la Memoria Anual 2024 de la Fiscalía General del Estado.

De hecho, varias mujeres protegidas por pulsera denunciaron que los dispositivos fallaban con frecuencia: "Me lo he llegado a cruzar cara a cara y no ha funcionado. Cuando llamé al Grupo Cometa, les marcaba que yo estaba en Manacor. Incluso él ha estado sin la pulsera dos semanas y no ha pasado nada. Ellos saben lo que está pasando, que no funciona bien y juegan con eso".

PULSERAS ANTIMALTRATO

Las pulseras antimaltrato funcionan desde 2009 como un sistema de control a distancia: se colocan en la muñeca o tobillo del agresor y se vinculan al móvil de la víctima, que recibe alertas visuales, sonoras y por vibración cuando se produce un acercamiento indebido. Incluyen además botón de emergencia, videollamadas y geolocalización.

Los errores de cobertura en zonas rurales, las falsas alarmas y los márgenes de error de hasta medio kilómetro son incidencias recurrentes. Lo más grave llegó en marzo 2024: durante la transición de la gestión de Cometa (Telefónica y Securitas Direct) a Vodafone y Securitas, los juzgados perdieron acceso a los movimientos históricos de los dispositivos. Sin esos registros, la Fiscalía se vio obligada a desistir de acusar en varios procedimientos por falta de pruebas.

MÚLTIPLES INCIDENCIAS EN BALEARES

En Palma y el resto de Baleares, los juzgados de Violencia sobre la Mujer registraron un aluvión de incidencias. La migración de datos provocó sobreseimientos provisionales en causas donde se investigaban quebrantamientos de órdenes de alejamiento. La Memoria de Fiscalía 2024 alertó de una "potencial desprotección de las víctimas" por el "vacío informativo".

Actualmente, en las Islas Baleares funcionan 86 dispositivos telemáticos. No es uno de los territorios donde más se emplea esta herramienta, pese a que la comunidad suele registrar una de las tasas más altas de denuncias por violencia de género. Los jueces la consideran útil sobre todo en casos de quebrantamientos reiterados, cuando no concurren motivos de gravedad suficientes para decretar prisión preventiva. Pero su aplicación depende también de que la mujer esté dispuesta a aceptar la medida y llevar el dispositivo de manera constante.

El sistema Viogen, que centraliza el seguimiento de víctimas, ha registrado en Baleares a 31.917 mujeres, mientras que otros 32.005 casos figuran como inactivos al haberse extinguido la situación de riesgo. Actualmente, 2.110 mujeres están en riesgo bajo, 851 en riesgo medio y 1.559 sin riesgo apreciado, además de los casos catalogados como alto o extremo.

POLÉMICA ENTORNO AL CRIMEN MACHISTA DEL COLL

En 2024, un total de 46 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Ocho de ellas tenían medidas de alejamiento vigentes, cinco activas —incluida Rosario— y tres caducadas. Este pasado domingo, el Partido Popular vinculó el crimen de Rosario a fallos en el dispositivo a través de un post en su cuenta de 'X'.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

"Esto no es verdad", aseguraron fuentes del Ministerio de Igualdad, que señalaron que en este caso fue la propia víctima quien "se había quitado la pulsera". Desde el departamento que dirige Ana Redondo subrayan que el crimen "ya se aclaró", aunque no ha sido hasta después de la polémica cuando Igualdad se ha pronunciado públicamente sobre esta cuestión.

El Gobierno central ha insistido en que ninguna mujer con pulsera de control telemático fue asesinada en 2024. Asimismo, desde el Ministerio de Igualdad recuerdan que los sobreseimientos provisionales detectados durante la transición entre operadores afectaron a menos del 1% de los casos, sin implicar excarcelaciones ni riesgos adicionales.

Un informe técnico del propio Ministerio calificó la transición entre operadores con 3,6 sobre 10, señalando un "diseño deficiente" y "planificación poco detallada". Como respuesta, la ministra Ana Redondo anunció este lunes un nuevo contrato con mejoras técnicas, que permitirá acceder en tiempo real a los datos de las pulseras y reforzar la gestión de los dispositivos.

EL DEBATE POLÍTICO Y EUROPEO

Mientras tanto, el PP de Baleares ha presentado una proposición no de ley para que el Gobierno explique los fallos y su impacto en las islas. Previamente, la eurodiputada popular Rosa Estarás elevó la cuestión a Bruselas, al preguntar a la Comisión Europea sobre los "graves fallos" del sistema, que según su partido se prolongaron ocho meses tras el cambio de adjudicataria.

Estarás advierte que esta situación podría haber vulnerado varias directivas comunitarias, incluyendo la de medidas de protección efectivas para víctimas, la Orden Europea de Protección y la normativa sobre contratación pública. Según el PP, los juzgados recibieron notificaciones de que no era posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos, dejando a muchas víctimas en riesgo.