El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Xavier Pericay, ha anunciado que este martes interpelará al conseller de Educación y Universidad, Martí March, para pedirle explicaciones después de que haya negado la existencia de casos de adoctrinamiento en los centros educativos de las islas. Después de que la Conselleria haya negado el adoctrinamiento en las aulas tras las denuncias de Cs, Pericay ha asegurado este lunes en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament que la obligación de la Conselleria es "analizar lo que hay, abrir expedientes donde haga falta y actuar".
"En ningún momento hemos dicho que sea una cosa generalizada pero hay casos y están documentados", ha insistido y ha señalado que la legislación establece que "se ha de preservar la neutralidad ideológica en las aulas y respetar los principios constitucionales".
"Nos acusan de estar en otra galaxia pero el que está en la galaxia March es él", ha insistido. Pericay ha anunciado que mañana entregará al conseller el informe presentado por el partido ante el Defensor del Pueblo que recopila varios casos y le pedirá explicaciones al respecto.
Pericay ha rechazado el argumento del conseller March de que no existen denuncias: "¿Quién puede pensar que un padre o una madre haga eso y pueda poner en riesgo la relación de su hijo con el resto de compañeros y profesores?, ha cuestionado. "Es evidente que si eso ha pasado y no ha tenido ninguna consecuencia en el centro, es evidente que a ese niño lo señalarán", ha advertido.
El portavoz de Cs también ha cuestionado a la Inspección Educativa por no apreciar irregularidades, y ha insistido en que aunque no haya ninguna denuncia, la obligación de la administración es investigarlo.
También ha reiterado la petición de que se cree una agencia independiente de inspección educativa.
Por otra parte, la diputada Olga Ballester ha anunciado que preguntará mañana en el pleno a la consellera de Salud Patricia Gómez sobre la aprobación "unilateral" del decreto que "impone como requisito el conocimiento del catalán" para presentarse a las oposiciones de especialidades médicas o enfermeras o para un optar a un puesto de trabajo en la sanidad pública.
Ballester ha acusado al Govern de "pasar una apisonadora por encima de los trabajadores, imponiendo una normativa sectorial que nace muerta" porque el decreto no cuenta con el apoyo de "ninguno de los 7 sindicatos" que se reunieron en la mesa sectorial donde se abordó.
"Es un decreto absolutamente político y elaborado desde un despacho por mentes cerradas, incapaces de ver más allá de su proyecto nacionalista y que no atiende a ningún criterio sanitario", ha acusado Ballester, que ha pedido "sensatez en política".
