“Debe haber saldo”, y aquí no lo hay. ¡Qué alguien me lo explique!.
Cuentan, que el alcalde de una pequeña localidad menorquina, en la década de los sesenta, estaba muy molesto con el interventor municipal. Los encabezados de todas y cada una de las columnas del Libro de Contabilidad expresaban con claridad que Debe-Haber-Saldo. Pero la realidad se comportaba de forma distinta. Pasaban los ejercicios y no había líquido para realizar ninguna actuación municipal. Cinco décadas más tarde, el fenómeno se sigue produciendo en las administraciones locales y autonómicas y en las familias.
En aquellos tiempos en plena autarquía y con una economía de subsistencia, solo existían los impuestos indirectos. Gravaban el consumo y daban para lo básico, para lo más esencial. Los ciudadanos trabajaban a destajo para responder a las necesidades familiares y sus ingresos se convertían, en su totalidad, en renta disponible. Se desarrollaron las comunicaciones, los sectores productivos se diversificaron y la sociedad de servicios se amplió. Se fueron implantando lenta y progresivamente los derechos sociales. Se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) y la pensión contributiva. El SOE se transformó en Instituto Nacional de Previsión, el estado construyó un moderno hospital en cada comunidad y se prestó la asistencia sanitaria gratuita a los trabajadores y a sus beneficiarios. Hasta 1986, en la época de Felipe González no se convirtió en derecho universal.
A día de hoy, las administraciones de Hacienda han desarrollado una potente maquinaria para recaudar. De hecho, el Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) es la principal herramienta de redistribución de la riqueza. Sin embargo el peso de los impuestos asienta sobre las clases medias en porcentajes que rozan la confiscación. Las trabas administrativas cercenan la libertad de acción de los ciudadanos, entorpecen al emprendedor y enlentecen la implantación de la innovación y la pequeña empresa. La burocracia y el empleo público redundante lastran el crecimiento.
Baleares, con una economía basada en el sector servicios, especialmente turísticos, aporta como la que más a la dotación económica de las competencias del estado y observa, atónita, la ausencia de inversión estatal. Se entiende que las economías más productivas contribuyan de forma prioritaria a las arcas nacionales; sin embargo no se concibe la sistemática ausencia de inversión del estado. Dar más y recibir menos ni cuadra ni es equitativo.
El eficiente conseller de Hacienda está aumentando el nivel de reivindicación y la solidez de la argumentación. El actual estatuto de autonomía impulsado por Matas y Estarás y apoyado por todo el arco parlamentario establece espacios precisos para la financiación compensatoria. En este sentido, y en ausencia de un nuevo concierto de financiación, el desarrollo del Régimen Especial de Baleares –REB- es la única herramienta que puede contribuir a la justicia distributiva.
“Debe haber saldo”; en las actuales circunstancias, con las partidas autonómicas exhaustas, sólo el REB lo puede conseguir.
