La decisión del Ayuntamiento de Palma de permitir que una sencilla Declaración Responsable baste para iniciar el proyecto de ejecución en las licencias urbanísticas permitirá acortar de forma muy significativa los plazos para comenzar las obras en la capital, pasando de una media de dos meses a sólo unos días.
Durante años, los ciudadanos, técnicos y promotores han sufrido la asfixiante lentitud de los procesos urbanísticos: licencias que tardaban meses sino años, trámites duplicados, retrasos injustificados —muy por encima de los plazos legales previstos— que paralizaban proyectos legítimos, muchas veces sin aportar valor real al control urbanístico.
Con esta fórmula, ese cuello de botella se libera. Los permisos necesarios ya han sido aprobados, las condiciones urbanísticas esenciales ya están fijadas; lo que quede por revisar suele ser mera concreción técnica. Hacer esperar más no protege a la ciudad, sino que castiga la iniciativa.
La Declaración Responsable no es una concesión sin garantías. Es un compromiso —con firma de técnico competente— en el que quien actúa asume legalmente que cumplirá la normativa, entrega la documentación técnica pertinente y se expone a inspecciones posteriores
La Declaración Responsable no es una concesión sin garantías. Es un compromiso —con firma de técnico competente— en el que quien actúa asume legalmente que cumplirá la normativa, entrega la documentación técnica pertinente y se expone a inspecciones posteriores. En caso de falsedad o incumplimiento, las autoridades pueden detener la obra y abrir expediente. Así, la Administración en absoluto desaparece del proceso, ni se desentiende de su desarrollo y ejecución. Simplemente prioriza su labor donde tiene sentido y no en burocracias redundantes e inútiles.
Además, esta vía ya ha sido aplicada con éxito en muchos ayuntamientos y comunidades: reformar viviendas, rehabilitar locales, adaptar estructuras sin alterar planeamientos, todo con normalidad y sin caos administrativo. No se han desplomado las protecciones urbanísticas. Al contrario, ganar agilidad ha demostrado que es compatible con el control riguroso y la seguridad jurídica.
Por eso, lo que Palma hace hoy debería ser el estándar, no la excepción. En una comunidad donde los departamentos municipales de Urbanismo acumulan serios retrasos, lo que paraliza proyectos y retrasa inversiones, la Declaración Responsable supone avanzar hacia una administración moderna, eficaz y pragmática. Otras ciudades deben tomar nota. No hay razones legítimas para seguir hipotecando proyectos con trámites inútiles.
