La evolución del caso de las contrataciones de material sanitario durante la pandemia de 2020 vuelve a situar el foco sobre la adquisición de pruebas PCR por parte del Govern balear a la empresa Eurofins Megalab, vinculada a la presunta trama Koldo-Ábalos-Aldama.
Se trata de una operación valorada en 1,1 millones de euros cuya tramitación, desde hace meses, es objeto de investigación judicial. Muy lejos de lo que afirmaron en su momento la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, y el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, la causa no se circunscribe únicamente a actuaciones de terceros ni ha quedado desacreditada, como sostuvieron ambos dirigentes políticos.
La estrategia procesal de la defensa de Koldo García —solicitando que el Tribunal Supremo asuma la totalidad de la causa— parece orientada a la presencia de una persona aforada, la actual presidenta del Congreso. Es legítimo que cualquier defensa utilice las herramientas jurídicas a su alcance, pero ese movimiento no resta relevancia a las afirmaciones del propio exasesor del ministro de Transportes, que no pueden descartarse por el simple hecho de provenir de un imputado. En un procedimiento penal, la valoración de cada declaración corresponde al juez instructor y debe realizarse a la luz de los documentos, comunicaciones y decisiones administrativas que obran en la investigación.
En un procedimiento penal, la valoración de cada declaración corresponde al juez instructor y debe realizarse a la luz de los documentos, comunicaciones y decisiones administrativas que obran en la investigación
A día de hoy, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sigue trabajando en el informe solicitado por el magistrado Ismael Moreno sobre la operación de compraventa de pruebas PCR. Esos informes serán determinantes para esclarecer si en la gestión de aquellos contratos —aprobados en un contexto de emergencia, pero sometidos igualmente a los principios de transparencia y buen uso de los recursos públicos— existieron irregularidades o responsabilidades políticas.
Ante un caso de presunta corrupción, la posición responsable es la prudencia. La investigación continúa abierta, y conviene evitar conclusiones precipitadas. Pero la transparencia resulta imprescindible: la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se tomaron decisiones relevantes durante la pandemia y si se actuó con la diligencia exigible. El proceso judicial debe completarse con rigor y sin presiones de ningún tipo. Y, por supuesto, caiga quien caiga.
