El pleno de este martes ha debatido por segunda vez la admisión de esta normativa después de que el pasado 30 de septiembre los de Santiago Abascal lo tumbaran tras su primera aprobación por parte del Consell de Govern.
Tras ello, y con la votación fallida del techo de gasto de por medio, el Ejecutivo autonómico retomó las negociaciones con Vox para volver a llevar este decreto al Parlament, algo que consiguieron tras eliminar la posibilidad de la aceleración para los proyectos de energías renovables, que irán por la vía ordinaria.
Para los de Abascal era imprescindible eliminar todas las referencias --veladas, pues no aparecían de forma explícita en todo el texto-- a la Agenda 2030, algo que en el nuevo decreto creen haber conseguido.
El pasado 5 de diciembre el Consell de Govern volvió a aprobar el texto, con "ligeras modificaciones", y este martes ha recibido el visto bueno de la Cámara autonómica. El decreto, tras pedirlo el PP y aceptarlo Vox y el PSIB, se tramitará ahora como proyecto de ley.
"UN CAMBIO PROFUNDO"
El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha sido el encargado de defender un texto que ha considerado que supondrá "un cambio profundo en la manera en la que la administración entiende y gestiona los proyectos estratégicos" y permitirá avanzar en "la transformación del modelo económico".
"Por primera vez tendremos un marco normativo único, coherente y claro que sustituye una regulación dispersa y muchas veces confusa, marca unas reglas del juego previsibles tanto para el sector público como el privado", ha explicado.
Eso, ha reivindicado, es "fundamental para dar credibilidad institucional" en un contexto en el que Baleares "compite en un entorno cada vez más exigente en el que el talento, la inversión y los proyectos transformadores comparan territorios, administraciones y capacidad de respuesta".
RESIDUOS DE IBIZA
El decreto, entre otras cosas, otorgará cobertura legal al acuerdo alcanzado entre los consells insulares y el Govern para trasladar residuos de Ibiza a Mallorca de forma temporal, que se podrá comenzar de forma inmediata y legal.
Este pacto fue adoptado ante la finalización de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa y permite que los consells de Ibiza y Mallorca acuerden las eventuales condiciones del traslado de residuos.
Antes de la puesta en marcha definitiva de esta iniciativa, reza el texto, se prevé realizar una prueba piloto. A cambio de recibir y tratar los residuos que hasta ahora iban a Ca na Putxa, el Consell de Mallorca recibirá una ayuda de 50 millones de euros del Govern distribuidos temporalmente en diez anualidades.
PROYECTOS DE INTERÉS ESTRATÉGICO
El texto convalidado, en líneas generales, también permite la creación de la declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE) para agilizar, simplificar y acompañar a este tipo de proyectos públicos y privados.
Paralelamente, se regulará la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que actuará como unidad técnica de apoyo para impulsar, apoyar y acompañar PEIE privados.
Un proyecto privado podrá ser PEIE por dos vías. Por un lado, por cumplir con unos criterios de inversión mínima según el sector al que se dirija (0,5 millones en proyectos agrarios; tres millones en sectores de innovación, investigación, salud, educación o ciclo del agua, o diez millones en cualquier otro sector) o con unos criterios de creación de empleo estable (20 o más puestos de trabajo a jornada completa anual, diez o más en sectores o zonas con difícil cobertura, cinco o más en proyectos agrarios, o el mantenimiento de 25 o más puestos en riesgo).
A cambio, los PEIE tendrán tramitación preferente y simplificación administrativa, con una reducción de los plazos hasta la mitad en muchos casos, y un acceso prioritario a financiación y subvenciones.
En cuanto al sector público, se eliminará la caducidad de la declaración PEIE a los dos años. El ámbito de aplicación se extenderá a todo el sector público autonómico e insular, incluyendo entidades como las fundaciones.
Además de los municipios de Palma e Ibiza, que mantienen y simplifican sus declaraciones, el resto de las entidades locales podrán solicitar la declaración de PEIE para inversiones en el ciclo del agua, eficiencia energética o tratamiento de residuos. La Administración General del Estado podrá solicitar la declaración a través de la conselleria competente.
