Los utilitaristas, seguidores de Bentham, consideraban que las personas realizan constantes cálculos placer-dolor a la hora de realizar cualquier acción. De esta forma, actuarán si el saldo es positivo, y no lo harán en caso contrario. Este simple principio, según esta corriente filosófica, debería inspirar la legislación de un estado, en aras a conseguir una sociedad mejor, puesto que a través de la misma se pueden desincentivar las conductas socialmente perniciosas, -como el robo o la violación-, e impulsar las que contribuyen al progreso.
Ahora, ya no hay corrientes filosóficas para orientar las legislaciones. Más bien, muchas de las leyes de última hornada se fundamentan exclusivamente en el aprovechamiento electoral del último acontecimiento mediático. Por eso mismo, con frecuencia, se redactan de forma precipitada. El título, y tal vez su intención de motivos, son las únicas partes de interés para sus promotores. En consecuencia, lejos de resolver los problemas que intentan atajar, crean otros nuevos.
En nuestro país esta desgraciada forma de legislar ha experimentado un auténtico auge durante los oportunistas gobiernos de Pedro Sánchez, al apostar toda su acción política a la construcción de relatos, siguiendo la estela abierta por los nacionalismos periféricos.
Así, por ejemplo, en busca del voto femenino, el relato promovido ha creado una figura etérea llamada “patriarcado”, según la cual los hombres (todos) son potencialmente un peligro para las mujeres. Narrativa que se utiliza para justificar discriminaciones positivas que incrementen los derechos de las mujeres a consta del de los hombres. La aplicación de esta doctrina rompe de cuajo con el principio básico de la igualdad ante la ley. De esta forma, como interesa que existan miles de mujeres que denuncien a sus parejas, no es suficiente con hacer aflorar los casos reales, por lo que se acaban creando incentivos perversos a través de la legislación.
Desde luego, nada habría que decir respecto al incremento de las denuncias, si mantuviese el principio de igualdad, pues efectivamente, no es tolerable que existan preeminencias masculinas. Sin embargo, como señalamos, el relato de la coalición gubernamental necesita “más madera”. Así, una de las formas de conseguirlo es creando un marco de derechos asimétrico cuando aparecen discrepancias de pareja. La asignación de la custodia de los hijos menores, tras un proceso de separación, muestra esta forma de proceder.
Inicialmente, en los tiempos del dominio del patriarcado que se pretende combatir, ésta se otorgaba de forma generalizada a la madre, a quien se consideraba socialmente más apta para estos menesteres.
Con el avance del primer feminismo igualitarista la legislación cambió a inicios del nuevo siglo. Se pasó a considerar que la custodia compartida era la situación deseable, al poner en el mismo plano a ambos progenitores, promoviendo una verdadera corresponsabilidad parental. En definitiva, se pasó a considerar que la simetría, entre los miembros de la pareja que deja de serlo, implicaba un mejor equilibrio en la vida del menor.
Sin embargo, el nuevo feminismo promovido por marxistas iguala la relación entre los sexos a la lucha de clases. A los hombres les toca el papel de explotadores, y a las mujeres el de explotadas. Por eso se modificó el Código Civil en 2021, sobre la cuestión de la custodia, para otorgar una clara preeminencia a la mujer, siempre y cuando interponga una denuncia por violencia de género, sin importar nada más. El varón pierde la presunción de inocencia de forma prácticamente automática. Se crea así un nítido incentivo a tal denuncia, esté o no fundamentada.
Tal vez este inadecuado incentivo pueda explicar, al menos una parte, el elevadísimo porcentaje de denuncias por violencia de género que resultan archivadas o terminan en absolución (cerca del 75%). Eso sí, después de un costoso proceso tanto en términos sociales como económicos. Se está contribuyendo, así, a una saturación del sistema judicial que en nada beneficia a las partes más débiles que realmente necesitan de su tutela.
Tristemente, este no es ni el único, ni tan siquiera el principal, ejemplo de cómo se están elaborando muchas de las leyes de nuestro país. Soy de la opinión que la degradación política e institucional que estamos viviendo tiene sus principales efectos negativos en la mala calidad de las leyes que se están promulgando. El caso aquí tratado, como era lógico esperar, está recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero vistos los precedentes ¿Podemos esperar una resolución justa de este alto tribunal?
