El vicepresidente segundo del Consell de Menorca, Luis Alejandre Sintes, ha sido protagonista, a finales de la pasada semana, de una jornada histórica en la capital cubana. En el marco de las conversaciones de paz iniciadas hace dos años, por primera vez se miraban a la cara viejos enemigos: seis altos mandos del ejército colombiano y los jefes de las FARC. Unas negociaciones que se desarrollan en La Habana desde hace más de dos años con el fin de acabar con un conflicto iniciado hace medio siglo y que ya ha causado 220.000 muertos.
En una entrevista publicada por El país, el general español, que había sido seleccionado como experto por el gobierno noruego, aseguraba que lo que más les preocupa a las FARC es el capítulo de la justicia. “Quieren un proceso de paz sin cárceles”. Más adelante recurrió al ejemplo salvadoreño para reforzar su postura, “ya que hubo guerrilleros con delitos de sangre que salieron al extranjero, que fueron a estudiar fuera y que luego fueron recuperados para la vida pública de su país. Lo importante es quitarle presión a la caldera”.
Cualquier paralelismo con España es tan poco riguroso como impertinente, sobre todo cuando un informe encargado hace un año por el Gobierno vasco a reconocidos historiadores del Instituto Valentín de Foronda, vinculado a la Universidad del País Vasco, arroja una conclusión: Euskadi no fue víctima de un conflicto con el Estado sino de un intento de imposición de un proyecto totalitario por parte de ETA. Con todo, y a pesar de que la banda criminal no está ya considerada entre la docena de problemas más importantes para los españoles, seguimos caminando sobre una línea tenue que separa la reparación a las víctimas de unos fanáticos y la injusticia de cubrir el terror con la manta del olvido, por el riesgo de perpetuar una contienda en la que unos ponían la nuca y otros empuñaban las pistolas. Fueron 829 los asesinatos perpetrados en sus cuarenta y dos años de historia homicida, sólo entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fallecieron más de 350, pero supera con mucho las dos mil quinientas el número de familias cuya felicidad fue truncada por el odio secesionista.
Mientras se esclarecen las causas que han provocado la fuga del etarra Alberto Plazaola y se depuran las correspondientes responsabilidades, no podemos bajar la guardia frente a la amenaza del terror, que sigue larvada en la perturbada mente de algunos iluminados soberanistas, ni caer en la amnesia habitual de un pueblo que parece tener en memoria caché menos espacio que el que contiene una cabeza de alfiler.
En la semana que hemos conmemorado, con una discreción rayando lo testimonial, los atentados que sacudieron España en la víspera electoral de hace once años, es obligado recordar a todos los que han dejado sus vidas por la crueldad de unos verdugos incompatibles con un estado de derecho. Solo así podremos compartir la bonhomía del general menorquín y seremos capaces de mirar al futuro sin avergonzarnos de haber dejado en la cuneta a quienes fueron asesinados y a sus próximos, para que pudiéramos seguir disfrutando de una libertad en paz que a ellos se les negó.
