El objetivo del descuento para los residentes del 75% del billete de avión es paliar el gravamen que supone la insularidad. Esto es, la esencia es corregir una situación discriminatoria negativa que sufrimos por el hecho de tener limitadas nuestras opciones de desplazamiento. Ergo, a los baleares tendría que salirnos más gratis los desplazamientos a la Península Ibérica y Canarias en relación a los que no lo son si la ley se cumpliese por parte de quien está obligado a su observancia.
Pero no. Un didáctico vídeo del que se ha hecho eco mallorcadiario.com nos muestra como un a un residente le puede salir más caro que a un no residente los billetes de ida y vuelta de la Península con la compañía Vueling. La aplicación de la ley, claro está, está fallando, puesto que los insulares, a la práctica, habitualmente no nos vemos beneficiados de la rebaja del 75% sobre el billete de avión respecto de quien no tiene la residencia en Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera.
Se dice en ocasiones que hay que tener en cuenta que el descuento es sobre el precio del billete del avión y no sobre las tasas de AENA, pero igualmente las cifras no cuadran, porque estaríamos ante situaciones en las que los billetes de avión valdrían apenas un euro.
Además de que los insulares no nos vemos favorecidos por el descuento, también reviste gravedad que las compañías aeronáuticas sí que reciben del Govern la compensación del 75% de descuento sobre el precio teórico del billete, tanto si el usuario se ha visto beneficiado como si no. El vídeo, por cierto, también demuestra que no todas las compañías cumplen con la obligación de no preguntar al cliente si es residente hasta el momento final de la compra, con lo cual pueden utilizar algoritmos para aplicar inicialmente unos precios superiores a quien se identifica como residente.
Ante esta situación que todos llevamos presumiendo desde que se aprobó el primer descuento para los residentes es urgente y necesaria no sólo la intervención del Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria de Salut i Consum, sino también por parte de la Fiscalía y de la Unidad de Delitos Económicos para investigar si existe una situación de malversación continuada en torno a la aplicación del descuento de residente.
