Un GPS oculto bajo el chasis. Un hombre que grababa desde la acera con el móvil. Y una empresa que, según la Policía Nacional, dividía a su plantilla en dos categorías: los que tenían papeles y los que no. El resultado: tres detenidos por explotar laboralmente a cinco trabajadores sin papeles.
Agentes del Grupo I de la UCRIF, perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, han detenido a tres hombres como presuntos responsables de una empresa dedicada, según la investigación, a la explotación de trabajadores en situación irregular.
Se les atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, y delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
UNA DENUNCIA DESTAPA LA TRAMA
La investigación arrancó en junio de este año a raíz de la denuncia de un trabajador. El empleado sufrió un accidente laboral, tuvo que darse de baja médica y, según su relato a la Policía, los responsables de la empresa comenzaron a coaccionarlo y amenazarlo para que volviera a su puesto.
Al negarse por las lesiones, el principal investigado habría organizado vigilancias en su domicilio. El trabajador reconoció al hombre que le seguía y grababa con el móvil: era, según la denuncia, un amigo del dueño de la empresa. Más tarde descubrió un dispositivo GPS camuflado en su propio vehículo.
DOS CATEGORÍAS DE EMPLEADOS
Testigos citados por los investigadores confirmaron la versión del denunciante. Los agentes reconstruyeron horarios y salarios y comprobaron que la empresa distinguía entre trabajadores regulares e irregulares: solo los primeros tenían derecho a vacaciones y finiquito.
A los segundos, según la investigación, se les asignaban tareas más duras sin formación ni medidas de seguridad, incluido el levantamiento manual de grandes pesos. También se les habría obligado a conducir sin permiso válido en España —muchos tenían licencia en su país de origen, pero no la habían canjeado por su situación irregular— bajo amenaza de despido.
La empresa, señala la investigación, también desechaba residuos, incluidos algunos químicos, en contenedores de la vía pública sin ningún control.
UNA VEINTENA DE EMPLEADOS, CINCO VÍCTIMAS IDENTIFICADAS
La empresa investigada llegó a contratar a una veintena de trabajadores, la mayoría procedentes de Latinoamérica. De ellos, los agentes han identificado hasta el momento a cinco víctimas de explotación laboral.
El Grupo I de la UCRIF, junto a subinspectores de la Seguridad Social, realizó tres inspecciones policiales-laborales en la sede de la empresa, donde identificaron a siete personas: tres en situación irregular y cuatro con papeles en regla.
La Policía Nacional no descarta nuevas detenciones a medida que avance la investigación, que permanece abierta.
