Los 65,7 millones de euros presupuestados para el Ministerio de Justicia se van a destinar, en principio (porque en este País siempre sabemos en qué queremos gastar el dinero público aunque después no sepamos explicar en que hemos acabado gastándolo), a contratar la gestión integral de servicio a usuarios y sedes de la Administración de Justicia en pos de su correcta digitalización.
Al margen de este objetivo Catalá, Ministro de Justicia, ha puesto en funcionamiento un “Consejo Asesor para la innovación en la Justicia”, formado por trece directivos (eso es valentía), para que aporten su visión estratégica y experiencia en los ámbitos de la tecnología, la innovación y la gestión de organizaciones para la transformación digital del sector. En principio (luego se verá), parece que esos trece directivos no van a tener remuneración porque Montoro se lo ha puesto difícil. Todos ellos colaboran a título personal y con dilatada experiencia proceden de sectores diversos y empresas como Telefónica, Jazztel, Microsoft, BBVA entre otras.
La digitalización de la Justicia debería hacerse desde una perspectiva empresarial, tecnológica pero también humanista. Cuando una empresa se digitaliza únicamente en pro de la gestión y la rentabilidad internas, obviando las necesidades de los ciudadanos, se convierte en Telefónica, Jazztel, Vodafone y tantas otras empresas que convierten a sus empleados en robots, y a los usuarios en estúpidos desesperados que no alcanzan entender cómo es posible que sepan arreglan un grifo, sepan diseñar un edificio, sepan dictar una Sentencia, sepan cerrar un buen negocio, sepan conducir un taxi o intervenir a un paciente en un quirófano, y en cambio no consiguen nunca cambiar la modalidad de tarifa de su teléfono móvil o lo que debería ser más sencillo, darlo de baja de una vez por todas.
La digitalización de la Administración de Justicia no debería seguir el mismo camino, por eso yo prescindiría de asesores con vinculación o ex vinculados a empresas como esas y preferiría asesores más jóvenes, con menos “cadáveres digitales” a sus espaldas, y con un concepto de la innovación tecnológica más global. La Administracion de Justicia necesita agilizarse para que los ciudadanos no tengan que esperar años a tener una resolución que de respuesta a sus conflictos de intereses. Una Administración ágil pasa por una Administración global tecnológicamente hablando, sin fronteras y al alcance de todos pero con las máximas garantías para el usuario. No será compatible en la nueva Era digital que está a punto de engullirnos, la autonomía de las CCAA y de las Administraciones locales con la necesaria eficacia de una innovación tecnológica y digital globalizada y sin fronteras.
