La decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de citar en calidad de investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, el general Manuel Llamas, sitúa a una de las principales instituciones del Estado ante una crisis de enorme trascendencia. Nunca debe olvidarse que toda persona investigada goza de la presunción de inocencia. Sin embargo, la responsabilidad institucional exige estándares de ejemplaridad incompatibles con ser objeto de una investigación judicial por supuestos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
La situación es extraordinariamente grave desde el punto de vista legal, pero también en lo político e institucional. Lo más preocupante es que el Gobierno considere compatible esa situación con su permanencia al frente de un cuerpo policial de naturaleza militar, cimentado sobre la disciplina, la jerarquía y el principio de autoridad.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska aseguró inicialmente que Mercedes González no se había reunido "en términos de ningún tipo" con la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez. Posteriormente, cuando la investigación de la UCO acreditó la existencia de al menos dos encuentros, tuvo que rectificar. Esa sucesión de contradicciones sugiere que se ha intentado minimizar unos hechos cuyo verdadero alcance corresponde esclarecer exclusivamente a los tribunales.
Precisamente para preservar la credibilidad de la investigación y proteger el prestigio de la Guardia Civil, los altos cargos afectados deberían apartarse de sus responsabilidades. No hacerlo ensucia el trabajo que miles de guardias civiles con profesionalidad y absoluto respeto a la legalidad. Más aún si se recuerda que María Gámez, predecesora de la actual directora general, renunció al cargo tras la imputación de su marido por corrupción en marzo de 2023.
Quien ejerce el máximo mando de la Guardia Civil no puede hacerlo mientras es investigado por la Audiencia Nacional
Las instituciones democráticas se sostienen sobre la confianza de los ciudadanos. Esa confianza exige transparencia, responsabilidad y ejemplaridad. Quien ejerce el máximo mando de la Guardia Civil no puede hacerlo mientras es investigado por la Audiencia Nacional por actuaciones presuntamente criminales en el ejercicio del cargo. La defensa de la institución debe situarse siempre por encima de cualquier interés político o personal. Ese es el único camino para preservar el prestigio de la Guardia Civil y la fortaleza del Estado de Derecho.
Seguir como si nada sucediese es de una severa irresponsabilidad y conlleva la sensación de que se pretende utilizar el cargo en beneficio propio y alejado del interés general. Y afianza las sospechas de haber actuado para torpedear las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
