Todos vimos y oímos a Esperanza Aguirre, antigua ministra de José María Aznar y antigua presidenta durante años de la Comunidad de Madrid, eximia representante del ala supuestamente liberal del PP, llamando, animando, a cortar la calle durante una de las primeras manifestaciones “espontáneas” ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de la capital de España. No consta que la fiscalía haya abierto diligencias contra ella, por incitación a desórdenes públicos, por ejemplo.
Estas manifestaciones vienen produciéndose desde hace ya doce o trece días, con el resultado invariable de cierre de la calle por parte de la policía para evitar males mayores, además de violentos altercados, que acaban con agresiones o intentos de agresiones, amén de graves insultos, a las fuerzas de orden público y diversos detenidos. Cuando en Catalunya se han producido alteraciones similares, incluso menores, a la fiscalía le ha faltado tiempo para iniciar actuaciones y a los tribunales para abrir sumarios, con acusaciones iniciales graves, incluso llegando a terrorismo, en el caso de Madrid no parece que se lo tomen tan a pecho.
Grupos de jueces, algunos con toga y puñetas, se manifiestan en la vía pública contra una ley de amnistía que ni tan siquiera existe aún y que, cuando sea promulgada, deberán cumplir irremisiblemente, como es su obligación: atenerse a la ley. No parece que este comportamiento sea muy adecuado para quienes deben mantener la mayor ecuanimidad y neutralidad posibles y aplicar escrupulosamente las leyes vigentes. Quizás se les debería llamar la atención y aconsejar más contención y comedimiento, pero, claro, quien debería hacerlo es el Consejo General del Poder Judicial, cinco años caduco y algunos de cuyos miembros, la mayoría conservadora, también han lanzado de modo imprudente proclamas contra dicha ley.
Medio centenar de militares jubilados publican un escrito en el que poco menos que incitan a la rebelión, pero no hay noticias de que nuestros dilectos fiscales estén estudiando el caso o piensen tomar cartas en el asunto.
Una concejala del PP escribe en las redes sociales que a Pedro Sánchez se le debería dar un tiro en la nuca. El partido la ha expulsado y le reclama que devuelva el acta, que menos, pero tampoco consta que la fiscalía abra diligencias por amenaza de muerte e incitación al asesinato.
Ahora pensemos que pasaría si todos estos comportamientos fueran protagonizados por líderes y militantes independentistas, o por jueces catalanes que se manifestasen favorables a ley de amnistía, o por militares catalanes retirados que escribieran a favor de la independencia.
Teniendo en cuenta que por una pelea de bar con unos guardiaciviles fuera de servicio en Alsasua a unos jóvenes vasconavarros les condenaron a hasta casi diez años de prisión por terrorismo y que por redactar una posible constitución catalana en su tiempo libre, al juez Santiago Vidal le cayeron tres años de inhabilitación, todos sabemos que se aplicaría el doble rasero habitual.
Si (
No(