La portavoz del grupo municipal popular, Marga Durán, y el regidor Guillermo Sánchez han denunciado “la absoluta falta de transparencia con la que está actuando de nuevo el Ayuntamiento de Palma, en este caso en relación al plan de realojo de Son Banya”.
Así, Durán ha lamentado que el equipo de gobierno haya anunciado el plan de realojo en rueda de prensa “sin haber contado para nada con la oposición y ofreciendo información contradictoria que puede llevar a equívocos, en base a un plan que ni siquiera ha sido aprobado y está todavía en fase de estudio”.
La edil ha señalado que “llama la atención que Noguera, en su primera semana como alcalde, nos hablase de consenso y que a la hora de la verdad nos enteremos de todas las decisiones importantes por los medios de comunicación”.
Además, la portavoz ha explicado que “en cuanto tuvimos conocimiento, a través de los medios de comunicación, de la información relativa al plan de desalojo de Son Banya, solicitamos una reunión con la regidora de Servicios Sociales. Sin embargo, todavía no nos ha recibido y a día de no tenemos más datos que los que han sido publicados, no disponemos del supuesto borrador del plan, y obviamente, no hemos podido hacer aportaciones”.
Por todo ello, la edil popular ha anunciado que el grupo municipal popular pedirá que se cree una comisión de estudio del plan de realojo de Son Banya, en la que participe la oposición, con el objetivo de que “un tema de semejante calado cuente con el acuerdo de todo el consistorio”.
Así, Marga Durán ha explicado que su grupo municipal quiere conocer los detalles del citado plan de realojo porque “nos preguntamos si la medida que ha trascendido en relación a la otorgación de una ayuda de 1.000 euros mensuales a las familias que se acojan al plan es el resultado de la falta de planificación y eficiencia de un equipo de gobierno que se ha caracterizado por la inacción ante la obligada ejecución de una sentencia judicial de desalojo del poblado, lo que les ha obligado a tomar decisiones precipitadas en el último momento”.
La portavoz ha explicado que “también queremos saber si la medida afectará a las familias sobre las que actualmente pesa una orden de desalojo o se podrán beneficiar todas las que cumplan con los requisitos que se aprueben” y “si el Ayuntamiento, previamente a optar por esta solución, ha mantenido algún contacto o negociación con el IBAVI y entidades financieras para la cesión de inmuebles que permitan un alquiler social en vez de tener que acudir a precios de mercado, ya que transcurridos cinco años, las familias serán las que tendrán que asumir ese precio”.
Por su parte, el regidor Guillermo Sánchez ha cuestionado la falta de transparencia del equipo de gobierno, al aprobar una comisión interdepartamental excluyendo a la oposición, y la falta de información con la que se ha hecho público un tema tan sensible, ya que “además de mantener al margen al resto de partidos políticos con representación en el consistorio, se convocó una rueda de prensa en la que se dio una información incompleta, lo que no ha generado más que confusión entre los ciudadanos”.
Así, Sánchez ha preguntado si “la ayuda de 1.000 euros sufraga únicamente gastos de alquiler, o si servirá para pagar los gastos asociados a una vivienda -luz, agua, etc.-; cuáles son los barrios en los que se va a priorizar el realojo y cuáles están exentos de participar en la ubicación de las familias del poblado y si dicha ayuda es compatible con otras del Ayuntamiento u otras instituciones, como la renta de inserción, la renta garantizada, o la ayuda económica urgente, entre otras”.
Además, Sánchez ha señalado que el grupo municipal popular quiere saber cual será la forma de gestionar el pago de la ayuda, -si participarán las familias con justificante posterior o se encargará directamente el Ayuntamiento-; qué ocurrirá con las familias si transcurridos los 5 años no cuentan con autonomía económica o falla el proceso de integración; si la búsqueda de vivienda será competencia única de la Administración o serán familias tendrán capacidad de elección, o también, si se retirará inmediatamente la ayuda si no cumplen con el itinerario de inserción.
Asimismo el regidor ha explicado que también es importante saber si el requisito de escolarización “se refiere a escolarización propiamente dicha o a absentismo y, en este último caso, cuales son los criterios de absentismo que se van a tolerar”.
