El sectarismo político extremo, –el que levanta muros, ningunea a la oposición o elabora pactos para dividir la sociedad (verbigracia Tinell)--, no es únicamente un problema de calidad democrática o de convivencia institucional. Es también un importante problema económico. Allí donde la lógica de la pertenencia a un grupo sustituye a la lógica del mercado y a la meritocracia, la prosperidad comienza a resentirse. Dicho en otras palabras, el excesivo partidismo divisorio genera externalidades negativas que impiden alcanzar los potenciales económicos de un país o región, favoreciendo, por tanto, economías de bajos salarios.
Efectivamente, el primer efecto inmediato es que muchos recursos dejan de fluir hacia su mejor uso. Inversiones, contratos o decisiones administrativas pueden verse condicionados, en mayor o menor medida, por su alineación con las preferencias de quienes ostentan el poder. La consecuencia no es necesariamente la ausencia completa de mercado, sino su deformación.
De forma paralela aparece el llamado capitalismo cañí («régimen del expediente» o capitalismo de amiguetes). Al igual que puede ocurrir con los funcionarios y demás servidores públicos, determinadas empresas prosperarán, no tanto por su productividad o innovación, sino especialmente por su proximidad al poder político. Lo cual reduce la competencia efectiva, debilita los incentivos a mejorar, y termina afectando a la productividad agregada de la economía.
El deterioro institucional se manifiesta de forma especialmente visible en la esfera pública. Cuando las instituciones se reorientan desde el servicio al ciudadano al servicio del partido, o coalición dominante, dejan de actuar como instrumentos de interés general para convertirse en estructuras crecientemente costosas para el conjunto de la sociedad. No es un fenómeno absoluto ni uniforme, pero sí un riesgo estructural. Lo mismo ocurre allí donde el control político de los nombramientos se extiende mucho más allá de los niveles netamente gubernamentales.
En el plano macroeconómico, la interferencia política en ámbitos sensibles, como el monetario, puede incrementar el riesgo de decisiones orientadas exclusivamente al corto plazo. La historia económica muestra que la pérdida de autonomía de los bancos centrales tiende a debilitar la estabilidad de precios, aunque sus efectos dependan del contexto institucional concreto. Esto es, cuando el sectarismo partidista alcanza a los organismos emisores, aumenta considerablemente el riesgo de inflación.
A medio plazo, una economía menos eficiente crece menos o lo hace de forma inconsistente. Así, se amplían las bolsas de vulnerabilidad social. No es tanto que el sistema «genere» pobreza de forma directa, sino que reduce su capacidad de crear empleo estable, salarios crecientes y, sobre todo, movilidad social.
Un fenómeno secundario se produce cuando, tras el deterioro económico, el dirigente sectario intenta controlar la información que recibe el público. Probablemente lo hará no sólo través de los medios de comunicación más influyentes, sino también, y especialmente, mediante la presentación de los datos estadísticos vinculados a la marcha del bienestar de la población. Entonces, sin datos de calidad la buena marcha de la actividad se hace más difícil. Por supuesto, el presupuesto público también tendrá una orientación mucho más encaminada a sostener al poder político que a mejorar la inclusividad del sistema.
En este contexto, el aumento de las ayudas y subsidios públicos deja de estar orientado a generar nuevas oportunidades. La lógica de protección social puede tender a deslizarse hacia una lógica de dependencia.
Por último, aunque no menos importante, el sectarismo que intenta enfrentar a una parte de la sociedad con la otra, es un terreno abonado para la corrupción. Pues, cuando aumentan las posibilidades de captura de legisladores y mandatarios, resulta perfectamente coherente pensar que las oportunidades para los «favores» entre los del grupo se multiplican.
En definitiva, sí el sectarismo partidista perdura en el tiempo, el resultado agregado puede ser un cambio profundo en el sistema de incentivos. Pues como toda economía necesita mecanismos de selección. Así, mientras en las economías abiertas prosperan quienes producen mejor, innovan más o sirven mejor a sus clientes. En las economías dominadas por el partidismo frentista prosperan quienes mantienen una mayor proximidad con el poder. El cambio parece pequeño, pero modifica completamente los incentivos de millones de personas.
Ese cambio tiene consecuencias sociales de gran alcance. La movilidad se reduce, la percepción de justicia del sistema se debilita, y una parte de la población queda progresivamente desconectada de las oportunidades reales. Como señalan Acemoglu y Robinson, se instaura un sistema no inclusivo, con sociedades más fragmentadas y de crecimiento débil. Por lo que se puede concluir que el sectarismo ideológico-partidista, en cualquier caso, no es solo una forma de conflicto político, sino un mecanismo de transformación del sistema económico.
España no es ajena a estas dinámicas. La política española parece haber incorporado progresivamente estrategias de polarización que durante décadas estuvieron limitadas, de forma visible, a ámbitos del nacionalismo periférico. Tales como la construcción de bloques identitarios, la deslegitimación moral del adversario y la extensión de la lógica partidista a espacios institucionales y sociales tradicionalmente neutrales. El actual PSOE, –y no solo Pedro Sánchez–, ha asumido buena parte de esa forma de entender la competición política. Por lo que lo más probable es que los resultados, tanto en términos de calidad institucional como de eficiencia económica, sean similares a los acaecidos en esos territorios.
