El anuncio del Gobierno de una próxima regularización masiva de inmigrantes irregulares que lleven en nuestro país un mínimo de cinco meses ha causado el deseado efecto de que dejemos de hablar de su responsabilidad en el caos ferroviario que nos azota -que, de momento, ha causado ya 46 fallecidos- y pasemos a debatir acerca de la inmigración, un tema que ni pintiparado para dividir a nuestra sociedad, que es la estrategia de agitación de nuestra izquierda desde 2004.
Comenzaré aclarando que me parece necesario regularizar la situación de miles de personas extranjeras que están trabajando en la economía sumergida, en empleos totalmente dignos, porque el sistema no les facilita el tránsito a la legalidad. Tenemos una ley de extranjería supuestamente restrictiva para el que quiere hacer las cosas bien, pero luego nuestras fronteras -la aérea y la marítima- son un coladero, consentido y hasta incentivado por el propio Gobierno y las organizaciones parasitarias de su entorno.
En suma, no hay planificación de ninguna clase para establecer unos cupos y unos perfiles de las personas que nuestra sociedad y nuestra economía demandan -se calcula que a razón de un millón anual-, pero luego nos comemos con patatas a cualquiera que consiga atravesar nuestras costas de forma clandestina, aunque en lugar de comenzar a producir e integrarse pase a ser desde el primer minuto un lastre para nuestro sistema de protección social, mal llamado estado del bienestar, y eso si no cuestiona nuestros valores democráticos y nuestro sistema de vida tratando de sustituirlo por el suyo, que de esos también los hay, y muy cerca de aquí.
Necesitamos, es una obviedad, mano de obra, preferentemente, personas jóvenes que conozcan nuestro idioma -algo que facilita en gran medida su integración- y que compartan un mínimo de valores culturales con nosotros. Australia tiene implantado desde hace décadas un sistema modélico en este sentido. Con estas premisas, deberíamos mirar casi exclusivamente a América. Si aún así no conseguimos cubrir la oferta de trabajo de nuestro mercado, habrá que mirar a otros orígenes, como el Magreb o el África subsahariana, de donde proceden, sobre todo, personas sin formación para cubrir los escalones más bajos del sistema. Pero esa inmigración debería ser siempre residual, porque el esfuerzo en términos económicos y de integración es absolutamente desproporcionado y provoca multitud de conflictos.
Lo lógico sería que las personas del África francófona emigraran a Francia o Bélgica, no a España.
La inmigración, o es ordenada, o se convierte en una bomba de relojería.
No son aceptables los porcentajes de población reclusa extranjera que padecemos, muy por encima del que suponen esas nacionalidades en proporción al conjunto de la población. Y eso es consecuencia de la negligente dejación del control de fronteras que hace el Gobierno y, hay que decirlo, de nuestro sistema judicial, tolerante hasta límites ridículos con el delincuente habitual de poca monta.
La regularización que se anuncia probablemente resolverá el acuciante problema humano de muchas personas que han venido aquí a labrarse un futuro desde la honestidad y la decencia, pero también servirá a todos aquellos que saben que nuestro sistema punitivo es una broma frente a determinados delitos y que aquí pueden sobrevivir largo tiempo sorteando la ley. Si no se distingue a unos de los otros se cometerá una nueva tropelía y un enorme agravio comparativo.
En cualquier caso, el efecto llamada está asegurado, no solo porque la información que llegará a terceros países no será, obviamente, fidedigna, sino porque las precedentes regularizaciones así lo atestiguan, y porque las mafias que viven del tráfico de personas ya se encargarán de que se entienda así. En España, si aguantas, el Gobierno acaba regularizándote, ese es el mensaje. Luego ya puedes agrupar a tu núcleo familiar y disfrutar de todos los beneficios sociales que nos costó generaciones poder disfrutar. De la tensión que ello nos causa en otros ámbitos, como el de la vivienda, la masificación de nuestras principales ciudades, la indisciplina urbanística o los asentamientos, mejor hablamos otro día.
