El plan para limitar el precio de una cesta de la compra con productos básicos que propone la ministra Yolanda Díaz sigue provocando reacciones adversas. Al rechazo de la parte socialista del Gobierno y de un sector del propio partido podemita, se ha sumado la crítica de los pequeños comerciantes y de los productores; entre estos últimos, los payeses de Mallorca, según relataba en mallorcadiario.com el gerente de Asaja, Joan Simonet.
Para los payeses, si Yolanda Díaz logra convencer a un número considerable de cadenas de supermercados para topar los precios de una serie de productos, estos grandes distribuidores repercutirían la bajada de precio en el primer eslabón de la cadena de la producción alimentaria, que son los agricultores. El plan, incompatible -según las circunstancias- con la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe comprar por debajo de los costes de producción, tampoco convence a los pequeños comerciantes, las tiendas de proximidad, las mismas que la ministra señala como el lugar ideal para realizar las compras cotidianas, pero que apenas tienen margen para reducir precios en los términos que defiende Yolanda Díaz, empujando a los consumidores a las grandes superficies.
La ministra de Trabajo -abocada estos meses a realizar la "labor de escucha" de la ciudadanía emprendida antes de desarrollar su proyecto Sumar de cara a las próximas elecciones- va cosechando negativas de un lado y de otro, independientemente de la ilegalidad europea en la que podría incurrir su plan.
Quienes entienden de estas cosas consideran que la mejor manera de contener los precios de la cesta de la compra es reduciendo los costes de producción, actuando sobre el encarecimiento de la energía -gasoil y electricidad-, los piensos y los suministros, además de no incrementar el coste de la mano de obra, como la propia Yolanda Díaz ha impulsado desde el Gobierno al ir subiendo paulatinamente el salario mínimo interprofesional.
Cuando los consumidores se enfrentan a una inflación disparada por encima del 10 por ciento de subida anual de los precios, no basta con la buena intención de la que presumiblemente parte el plan de Yolanda Díaz. Cualquier plan debería estudiarse, debatirse y ser consensuado con todos los agentes afectados en vez de improvisar, como parece que ha ocurrido con el proyecto ideado por una futura candidata que sigue en busca desesperada de un perfil político propio, y que, a poco más de un año de las elecciones, aún no tiene estructura de partido y las encuestas no le sonríen.
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