La investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ya no es solo un asunto judicial. Es también un problema político de primer orden para el PSOE y para Pedro Sánchez.
Conviene respetar la presunción de inocencia. Zapatero tiene derecho a defenderse y serán los tribunales quienes determinen si hubo delito. Pero en política no basta con esperar a una sentencia. También hay que dar explicaciones claras cuando aparecen registros, informes policiales, pagos sospechosos y posibles redes de influencia alrededor de un rescate público de 53 millones de euros.
Los datos conocidos apuntan a contactos y gestiones para facilitar el rescate de Plus Ultra, con referencias al entorno de Ábalos y de Zapatero. También se ha publicado el supuesto pago de 2.000 euros a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, un dato que vuelve a conectar esta causa con el círculo político que rodeó aquella operación.
A todo ello se suma una información especialmente delicada, la tesis de que Sánchez habría apartado a Ábalos tras un conflicto con Zapatero en torno a intereses vinculados a Venezuela. No es un hecho probado judicialmente, pero políticamente obliga a hacerse una pregunta incómoda. Qué sabía Sánchez y desde cuándo.La reacción de Iñaki Anasagasti pidiendo al PNV que se sume a una moción de censura demuestra que el desgaste ya no afecta solo a la oposición.
Empieza a incomodar también al espacio de los socios que han sostenido esta legislatura.
El PSOE puede defender a Zapatero, pero no puede limitarse a cerrar filas. Si todo fue legal, que lo expliquen con documentos, fechas, contratos, facturas y responsabilidades claras. Lo que ya no sirve es pedir confianza ciega mientras se acumulan investigaciones, versiones contradictorias y silencios difíciles de justificar.
La moción de censura quizá no sea viable hoy, pero ya funciona como termómetro político. Sánchez conserva votos, pero cada vez pierde más autoridad. Y en democracia no basta con resistir. También hay que merecer seguir gobernando.
