Vengo leyendo estos días algunos comentarios, viñetas y artículos sobre la regulación de la religión en el TIL que vienen cargados de ignorancia. Es el Estado Español -no el govern o la conselleria- el que tiene acuerdos con las distintas confesiones para impartir la asignatura de religión en centros públicos cuando se den una serie de circunstancias, esencialmente que exista demanda por parte de las familias. Y aclaro lo de las distintas confesiones porque, como siempre, hay quien para dar caña al gobierno de turno aprovecha para atacar a la Iglesia católica. España tiene firmados acuerdos de cooperación prácticamente idénticos con la Iglesia católica en 1979 -suscrito por el gobierno de UCD- y con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España, en 1992, por el gobierno del PSOE de Felipe González.
En todos los casos, el currículum y la selección del profesorado que ha de impartir esta materia en los centros públicos le corresponde a la autoridad religiosa, como parece obvio, dada la aconfesionalidad estatal proclamada por la constitución, de manera que es cada confesión la que, en buena lógica, determina contenidos -dentro del respeto a los principios constitucionales- y establece los requisitos de idoneidad del profesorado.
La izquierda -la sociológica y también la partidista- alberga resentimiento contra la Iglesia católica desde tiempo inmemorial. El anticlericalismo es un deporte de gran raigambre en nuestro país, sin duda espoleado por la alineación de la iglesia con los vencedores de la guerra civil. Pero de eso hace ya casi ochenta años y desde 1978 nuestra Constitución determina la neutralidad del Estado y la libertad religiosa de los ciudadanos, conceptos que no deben confundirse con la eliminación de la religión de los ámbitos públicos, sino con el derecho de todos a expresar sus manifestaciones religiosas por igual. El Estado Español nada tiene de laico, sino de aconfesional, que es muy distinto.
Los socialistas han gobernado este país durante 22 años desde 1982 y jamás han planteado a la Iglesia y a las demás confesiones la denuncia de los acuerdos para su derogación. Bien al contrario, como ya hemos señalado, en 1992 ampliaron los acuerdos a tres confesiones más que, actualmente, tras el incremento demográfico derivado de la inmigración, cuentan con un elevado número de fieles.
Sin embargo, siempre que gobierna el PP -o, en Catalunya, CiU y en Euskadi el PNV- la izquierda aprovecha para acusar a estos partidos de pretender restituir el nacionalcatolicismo propio del franquismo. Naturalmente, los mismos que critican a la Iglesia y la califican de retrógrada por defender sus creencias y dogmas, no tienen empacho alguno en encontrar muy progre su contribución a la atención a los más desfavorecidos -aquí y en las misiones-, o su defensa de la identidad lingüística, o más recientemente las posiciones del Papa Francisco, por poner distintos ejemplos. No hay que escandalizarse de este pensamiento esquizofrénico, les pasa lo mismo con judíos y musulmanes. A los primeros, reconociéndoles su papel de víctimas de todas las persecuciones religiosas que culminan en la incalificable infamia del holocausto, les acusan, a la vez, de constituir un oscuro poder al servicio del gran capital y a menudo los igualan cruelmente a sus verdugos nazis, cuando se refieren al trato dispensado a los palestinos, en un repugnante ejercicio de desmesura. Y en cuanto a los musulmanes, mientras muestran una benevolencia inusitada con los crímenes y atentados cometidos por algunas minorías fanáticas cuando sus víctimas son israelíes o norteamericanos, condenan sin embargo otras costumbres insitas a dicho fanatismo, como la de considerar a las mujeres seres inferiores al servicio de los varones, aunque la verdad es que, en este último caso, tampoco su lucha es muy entusiasta.
Pues bien, volviendo al principio, nada tiene de particular que la Conselleria d'Educació haya establecido que para impartir en un idioma extranjero la asignatura de religión -de cualquier religión- en un centro público, sea necesaria la anuencia de la autoridad religiosa correspondiente, la misma que ha elaborado el currículum y ha seleccionado el profesorado. Eso no constituye intromisión alguna en las competencias de los órganos de gobierno de los centros porque, precisamente debido a su aconfesionalidad, ninguna competencia material ostentan con relación a dicha asignatura.
Porque, no nos engañemos, lo que pretende la izquierda es que, o bien la religión se excluya de la posibilidad de ser impartida en inglés en los centros públicos -para atraer alumnos hacia las materias alternativas- o bien asignarle, sin el consentimiento del docente, dicha obligación, con el fin último de que, ante la carencia de suficientes profesores cualificados en lengua extranjera, deje de impartirse religión en los institutos.
Es la misma mecánica que se siguió en la anterior legislatura, cuando la Conselleria eliminó la asignatura alternativa del bachillerato y convirtió la Religión en un castigo encubierto que, además, se impartía cuando el resto de los alumnos se iban a casa. Fue el TSJ el que, en ocho sentencias consecutivas, puso las cosas en su sitio, obligando al gobierno de Antich y a su infausto conseller Llinás a cumplir con las obligaciones derivadas de los Acuerdos de 1979.
El PSOE y sus socios adheridos -en nuestra comunidad, Més e IU- tienen todo el derecho y legitimidad para promover la denuncia de los acuerdos de cooperación del Estado con las distintas confesiones, pero, mientras estén vigentes, deben cumplir la ley y dejar de hacer demagogia barata y adornarse con anticlericalismo de barra de café.
