La Audiencia de Palma ha condenado hoy a 1 año y 8 meses de prisión y a multas que suman 457.000 euros a cinco acusados de blanquear dinero procedente de la venta de estupefacientes en el poblado chabolista de Son Banya entre los años 2000 y 2006. Se trata del conocido clan narco de Los Bizcos. Han reconocido el origen ilícito de su capital obtenido mediante la venta de drogas. Se les permite mantener su finca de Marratxí a cambio de una fianza de 150.000 euros.
Después de que la Fiscalía y las defensas hayan alcanzado un acuerdo de conformidad y de que los cinco acusados hayan admitido los hechos ante el tribunal, la sección primera de la Audiencia de Palma ha dictado sentencia y los ha condenado a las penas acordadas. En un principio, los acusados eran siete, pero dos de ellos, entre ellos el principal cabecilla, están declarados en rebeldía.
Para fijar la pena se ha tenido en cuenta la admisión de los hechos por parte de los acusados, así como la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que los hechos se remontan al año 2000. Inicialmente la Fiscalía pedía condenas de entre 4 y 10 años de cárcel.
Los cinco han sido condenados a la misma pena de prisión y a multas de entre 20.000 y 168.200 euros. La Audiencia ha ordenado además el decomiso de todos los bienes intervenidos en su día, salvo una finca de Marratxí, por la que se ha fijado una responsabilidad civil de 150.000 euros para dos de los acusados, que deberán indemnizar al Estado con esa cuantía.
La sentencia ha sido declarada firme en el mismo acto del juicio, dado que tanto la Fiscalía como la defensa han renunciado a recurrirla.
Han admitido haber adquirido bienes inmuebles y muebles -como viviendas, terrenos, coches y motos y mobiliario-, para disfrazar el origen ilícito del dinero procedente de la venta de droga y por esta vía transformar e introducir en el circuito financiero y comercial legal importantes cantidades de dinero obtenido mediante narcotráfico.
Compraban al contado propiedades inmobiliarias, haciendo constar un precio inferior al real en las escrituras, y a veces simulaban el pago aplazado, según el relato de la Fiscalía. También realizaban mejoras en los inmuebles y los equipaban.
