La sentencia del Juzgado de lo Social de Palma que condena a EMAYA por vulnerar la libertad sindical al acceder, revisar y analizar conversaciones privadas de WhatsApp del sindicato USTE confirma judicialmente unos hechos de extraordinaria gravedad. La resolución describe una actuación «planificada y sistemática» y una «auténtica injerencia» en la actividad interna de una organización sindical. No estamos, por tanto, ante una mera irregularidad administrativa.
Conviene recordar además cuándo comenzó esta historia. Las prácticas contra USTE se remontan a la pasada legislatura municipal, cuando el Ayuntamiento de Palma estaba gobernado por PSOE, Més per Palma y Podemos y EMAYA presidida por el socialista Ramón Perpinyà. Nuria Gallego, posteriormente despedida como directora de Servicios Corporativos, se incorporó al equipo directivo de la empresa en 2019. Parte de los hechos ahora enjuiciados tuvieron continuidad posteriormente, pero aquella conflictiva política laboral y sindical hunde sus raíces en la anterior etapa de gobierno.
La Inspección de Trabajo ya había constatado la vulneración de derechos fundamentales y sancionado a EMAYA. La actual dirección, con el gerente Lorenzo Morey al frente, abrió entonces un expediente disciplinario que terminó con el despido de Nuria Gallego.
Lo sorprendente fue la reacción política. PSOE, Més per Palma y Podemos votaron contra ese despido. El portavoz socialista Xisco Ducrós llegó incluso a cuestionar públicamente la investigación de la Inspección de Trabajo. Las tres formaciones cerraron filas alrededor de Gallego y posteriormente volvieron a asumir buena parte de sus argumentos para atacar la gestión del actual gobierno municipal.
Xisco Ducrós (PSOE), Neus Truyol (Més per Palma) y Lucía Muñoz (Podemos) deben entregar su acta de regidores en Cort inmediatamente
Ahora ha hablado la Justicia. Y ha ratificado lo esencial: EMAYA vulneró un derecho fundamental mediante una intromisión ilegítima en las comunicaciones internas de un sindicato. Se trata de una actuación inaceptable por parte de una empresa pública, que fue defendida y amparada por partidos de izquierdas, supuestos abanderados de la defensa de la clase trabajadora y de los derechos sindicales.
Por eso las responsabilidades no deberían agotarse en quienes ejecutaron materialmente aquellas actuaciones. EMAYA es una empresa pública y quienes gobernaban Palma tenían la obligación de supervisar su funcionamiento. PSOE, Més per Palma y Podemos deberían explicar su defensa cerrada de Nuria Gallego y cómo pudo desarrollarse semejante política laboral por alguien nombrada bajo su responsabilidad y por qué después cuestionaron a quienes investigaron y sancionaron esos hechos.
Cuando se vulneran derechos fundamentales desde una empresa pública no basta con pagar indemnizaciones y sanciones con dinero de todos los ciudadanos. Alguien debe responder políticamente. Y, hasta ahora, nadie lo ha hecho. Es hora de que quienes actuaron en EMAYA como auténticos piratas, asuman su responsabilidad política. Xisco Ducrós (PSOE), Neus Truyol (Més per Palma) y Lucía Muñoz (Podemos) deben entregar su acta de regidores en Cort inmediatamente.
Porque resulta inadmisible que quien pague las consecuencias de sus actos ilegales sean los vecinos de Palma. Y, además, Nuria Gallego reciba una indemnización tras su despido disciplinario por espiar al sindicato USTE.
