La disputa abierta entre los gobiernos de España e Italia a raíz de la crisis migratoria de Ceuta ha alcanzado un punto difícil de justificar y todavía más difícil de comprender desde la perspectiva de una Unión Europea que lleva décadas construyendo un espacio común de libertad de circulación. Lo que empezó como una decisión unilateral de Roma ha desembocado en una respuesta recíproca de Madrid. Y, entre una y otra, quienes terminan pagando son los ciudadanos.
Italia decidió el pasado 31 de julio restablecer controles fronterizos a los viajeros procedentes de España, después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. El Gobierno de Pedro Sánchez respondió estableciendo controles aleatorios en vuelos y conexiones marítimas procedentes de Italia desde el 8 de agosto y, de momento, hasta el 7 de septiembre. La justificación oficial habla de presión migratoria irregular, pero el resultado es mucho más sencillo: más controles, más esperas y más molestias para quienes viajan entre dos países socios de la Unión Europea.
Estamos hablando de un flujo extraordinario. Más de 11 millones de pasajeros viajaron entre España e Italia por vía aérea hasta junio de este año. En 2025, además, 5,7 millones de italianos visitaron España y una cifra prácticamente idéntica de españoles viajó a Italia. No se trata, por tanto, de un asunto menor ni de un tráfico residual que pueda ser sacrificado sin consecuencias.
La seguridad fronteriza es una obligación irrenunciable, pero no puede utilizarse como argumento para convertir a los ciudadanos europeos en rehenes de una disputa política
Para Baleares, el perjuicio resulta especialmente preocupante. Italia es uno de los principales mercados emisores hacia España y las Islas, y los controles se producen precisamente en plena temporada alta, cuando cualquier obstáculo añadido a la movilidad puede traducirse en retrasos, incertidumbre y una peor experiencia para el visitante. La industria turística representa cerca del 14 por ciento del PIB nacional y Baleares figura entre los territorios que más pueden acusar este tipo de decisiones.
Lo más grave, sin embargo, es el precedente. Si cada Gobierno responde a una decisión del otro con otra medida equivalente, Schengen deja de ser una realidad efectiva para convertirse en una declaración de intenciones. La seguridad fronteriza es una obligación irrenunciable, pero no puede utilizarse como argumento para convertir a los ciudadanos europeos en rehenes de una disputa política.
Resulta difícil no interpretar esta escalada en clave electoral. España e Italia afrontarán importantes citas electorales el próximo año y tanto Meloni como Sánchez tienen incentivos, una, para exhibir firmeza ante la inmigración ilegal o, el segundo, para presentarse ante su electorado como adalid regularizador ante el fenómeno migratorio. Pero una democracia europea madura no debería permitir que la estrategia electoral de sus gobiernos termine deteriorando la libertad de circulación de sus ciudadanos.
La inmigración ilegal procedente de Marruecos y la crisis de Ceuta exigen una respuesta firme, coordinada y europea. Lo que no necesitan España ni Italia es una guerra de controles cruzados. Porque en esta batalla no pierden Sánchez ni Meloni. Pierden los ciudadanos.
