El grupo ecologista GOB ha acusado al Govern de utilizar la nueva ley urbanística que se debatirá el martes en el Parlament para salvar viviendas ilegales y, en el caso de Ibiza, legalizar urbanizaciones enteras en suelo rústico condenadas por los tribunales. La entidad ecologista ha recordado en un comunicado que ya se opuso a la Ley del Suelo (LOUS) impulsada la pasada legislatura por el entonces conseller de Agricultura Biel Company porque considerar que amnistiaba ilegalidades en suelo rústico y rebajaba los estándares de sostenibilidad y calidad de vida en la regulación de la ordenación del suelo.
Según el GOB, si bien la propuesta de Ley de Urbanismo de las Islas Baleares del actual Govern partía de "un planeamiento más restrictivo" de la disciplina urbanística y la posibilidad de nuevos crecimientos, finalmente "da continuidad a algunos de los escándalos de la Ley Company y va más allá".
Entre los aspectos que el GOB considera "más graves" del proyecto de ley que se debatirá el martes figuran que permite la legalización de los núcleos rurales ilegales y que da continuidad a poder edificar sin alcantarillado.
Denuncian además que modifica "la matriz de suelo rústico" para considerar las perreras como uso admitido en suelo rústico y protegido, y que permite conseguir segundas prórrogas de licencias caducadas en todo el suelo rústico protegido y común, aunque que actualmente no cumplan la normativa y hayan pasado años desde que las obras se abandonaron.
"Se podrán recuperar buques a medio construir que ahora serían totalmente ilegales dentro zonas protegidas", denuncia el GOB.
Además advierte de que la Disposición Transitoria Decimocuarta mantiene la legalización de "urbanizaciones ilegales" que ya autorizaba la Ley del Suelo de Company, algo que, en el caso de Ibiza, el GOB califica de "un escándalo a merced de los intereses de la familia Matutes".
Según el GEN-GOB, dicha disposición de la ley "sirve para salvar e incrementar las urbanizaciones ilegales de la familia Matutes en Ibiza" y constituye "una disposición a medida, estilo Cretu pero al por mayor", indican comparándola con lo ocurrido con la llamada "mansión Cretu".
Advierten de que afecta a las urbanizaciones ilegales de todo Sant Antoni, Sant Josep y Platja de'n Bossa y a "cientos de miles de metros cuadrados en primera línea de mar que, encima podrán incrementarse".
El GOB ha pedido, conjuntamente desde la entidad en Ibiza y Mallorca, la retirada "inmediata" de dicha disposición decimocuarta y que el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, "dé explicaciones públicas sobre cómo ese apartado ha llegado a formar de un texto legal con pretensiones de ser aprobado".
El grupo ecologista ha reclamado al Govern que informe de quién ha escrito la Disposición transitoria decimocuarta y quién ha negociado su inclusión en la Ley Urbanística del Govern.
"Es hora de aclarar de parte de quién están: de la legalidad, de la igualdad de todos ante la ley y del acatamiento de sentencias judiciales, o si se ponen a defender tratos de favor y las normas a medida de los grandes infractores", ha advertido la entidad ecologista.
