La negativa del Gobierno central a declarar la contingencia migratoria en Baleares constituye un nuevo episodio de abandono institucional hacia el archipiélago. La decisión se produce en un contexto de creciente presión migratoria que ha llevado a los centros de acogida de menores tutelados a un nivel de saturación insostenible.
Los datos son elocuentes: los consells insulares advierten de que actualmente se tutelan a más de 680 menores migrantes, frente a una capacidad ordinaria que apenas alcanza las 56 plazas, lo que supone una sobreocupación del 1.023 por ciento.
Esta desproporción, que supera con creces los límites razonables, se traduce en hacinamiento, falta de recursos materiales y una grave carencia de personal especializado para atender dignamente a los menores. La situación amenaza con deteriorar de forma irreversible la capacidad de respuesta de las instituciones de protección de la infancia en Baleares.
Resulta incomprensible que, frente a esta evidencia, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez se escude en criterios numéricos y tecnicismos administrativos impuestos unilateralmente para negar una figura jurídica —la contingencia migratoria— diseñada precisamente para situaciones de colapso como la que hoy padecen las islas.
El Gobierno central desatiende las advertencias reiteradas de las administraciones insulares, que llevan meses alertando de que no existen espacios adecuados ni medios humanos suficientes para atender un flujo migratorio que no deja de crecer.
El Gobierno central desatiende las advertencias reiteradas de las administraciones insulares, que llevan meses alertando de que no existen espacios adecuados ni medios humanos suficientes
La consecuencia inmediata de esta negativa es doble: por un lado, se condena a los menores migrantes a vivir en condiciones indignas; por otro, se deja a las instituciones baleares en una posición de absoluta vulnerabilidad. Se trata de un abandono institucional difícilmente justificable, que proyecta la imagen de un Estado incapaz de responder con responsabilidad y equidad ante una emergencia humanitaria.
No reconocer la contingencia migratoria en Baleares es, en definitiva, negar la realidad. La crisis está aquí, es tangible y afecta tanto a los menores como al personal que trata de asistirlos en condiciones imposibles.
El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar ha optado por mirar hacia otro lado, dejando a Baleares sola ante una problemática que excede con mucho la capacidad de la Comunidad Autónoma. La política migratoria del Gobierno central, marcada por la inacción, está fallando allí donde más necesaria es.
