Así lo señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press, en la que subraya que cualquier cooperación en materia de retorno deberá respetar estrictamente el Derecho de la Unión Europea, el Derecho internacional y los derechos fundamentales.
El Ejecutivo responde de esta forma a varias preguntas formuladas por la diputada de Sumar Aina Vidal sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos con terceros países para deportar migrantes fuera del territorio comunitario.
La parlamentaria también preguntó al Gobierno si prevé presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el nuevo reglamento europeo de retornos.
NEGOCIACIONES EN MARCHA EN LA UE
El Gobierno ha recordado que la propuesta de reglamento europeo sobre retornos continúa actualmente en fase de negociación entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo.
En este contexto, el Ejecutivo defiende que el futuro reglamento debe contribuir a construir un modelo europeo de retorno “eficaz y coherente” con el sistema común de asilo y gestión de fronteras.
RESERVAS SOBRE LOS CENTROS EN TERCEROS PAÍSES
El Ejecutivo también ha reiterado sus reservas sobre la creación de centros de retorno fuera de la Unión Europea.
Según expone en la respuesta parlamentaria, el Gobierno considera que esta propuesta “carece de garantías jurídicas suficientes” y podría afectar negativamente a las relaciones con países considerados socios estratégicos para España.
