El Gobierno se reúne con CCOO, UGT y CSIF para discutir la subida salarial.
Esta subida del 11%, que ya ha recibido el visto bueno de UGT, ha sido calificada desde el Ministerio como "inamovible", aunque desde CSIF le han pedido que en la reunión de este lunes presente una nueva oferta salarial, que permita a los más de tres millones de empleados públicos recuperar y mantener el poder adquisitivo.
Así, la nueva propuesta no ha convencido del todo a CSIF, pero sí a UGT Servicios Públicos, cuyo Consejo Federal avaló el pasado jueves la propuesta de subida salarial del 11% para los funcionarios en el periodo 2025-2028.
Queda por conocer la respuesta de CCOO, que trasladará a Función Pública en la reunión de este lunes, convocada para las 16.00 horas. Fuentes de CCOO consultadas por Europa Press, han indicado que el viernes pasado se reunieron las tres federaciones que tienen empleados públicos (Sanidad, Enseñanza y Servicios a la Ciudadanía) para valorar la oferta y darle mañana su respuesta al Ministerio.
De este modo, el encuentro de este lunes apunta a ser el definitivo en lo que respecta al marco salarial del acuerdo plurianual sobre condiciones laborales que está negociando el Ministerio con los sindicatos y que abarca otras materias, como la agilización y mejora de los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, la planificación de efectivos, la atención a la ciudadanía y servicios públicos, la igualdad y la no discriminación.
La actualización y equiparación con Canarias del complemento de indemnización por residencia que perciben los funcionarios de la administración general del Estado destinados en Baleares viene recogida en el documento que el Ministerio ofreció el pasado miércoles a los sindicatos.
Desde UGT Servicios Públicos de las Islas han explicado que el posible acuerdo no recoge los plazos ni el mecanismo de aplicación del plus de insularidad. No obstante, desde el sindicato han celebrado que se afronte esta cuestión y han confiado en que se apruebe.
El secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, celebro el posible acuerdo el pasado jueves. "Es un orgullo que podamos afrontar esta cuestión histórica", dijo.
En el caso de Baleares, según UGT, la actualización del plus de insularidad afectaría de forma directa a unas 10.500 plazas de funcionarios, aunque en realidad serían 7.500 trabajadores de la AGE, administración de justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, debido a la falta de cobertura de plazas.
Esta actualización del complemento por residencia supondría que los funcionarios destinados en Mallorca pasaran de una horquilla de entre 47 y 110 euros mensuales a percibir, independientemente de su categoría, 206 euros cada mes.
En el resto de las islas del archipiélago la equiparación supondría pasar de entre 65 y 122 euros mensuales a percibir 410 euros.
Aunque el acuerdo no sea definitivo, para Romero, es "importante" que un acuerdo estatal haga referencia expresa a Baleares y que se aborde esta cuestión. "Pasar del no, no y no durante 20 años a un sí es un hecho histórico", destacó.
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