El Gobierno transfiere 260.231 euros a Balears para programas de lucha contra las drogas

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la transferencia a las comunidades autónomas de un total de 9.519.400 euros para el desarrollo de programas de lucha contra las drogas derivados del Plan Nacional sobre Drogas durante este año 2017, a propuesta de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. De esta cantidad, 260.231 euros irán destinados a Balears.

La transferencia ha sido anunciada por el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y se hará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

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El objetivo es cubrir los gastos derivados del desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los planes autonómicos (programas de atención directa a toxicómanos, programas de atención a familias, de reinserción social y laboral, etcétera), el desarrollo de programas de prevención, el desarrollo de los sistemas de información, así como los gastos derivados de programas de rehabilitación de toxicómanos con problemas jurídico-penales.

De este modo, permitirá a las comunidades y ciudades autónomas desarrollar, entre otras actuaciones, convocatorias de subvenciones para las entidades del Tercer Sector dedicadas a las drogodependencias en sus respectivos ámbitos territoriales.

La comunidad que recibirá más fondos será Andalucía, con 1.502.938 euros, seguida de Madrid (1.454.773), Cataluña (1.419.792), Comunidad Valenciana (828.476), Castilla y León (711.058), Galicia (578.565), Castilla-La Mancha (456.665), Canarias (452.187), Aragón (371.182), Asturias (367.086), Murcia (329.190), Extremadura (325.355), Balears (260.231), Cantabria (208.436), La Rioja (125.111), Ceuta (68.029) y Melilla (60.317). Navarra y el País Vasco no reciben ningún crédito por su régimen foral.

El destino de estos créditos y su aplicación, según recuerda el Gobierno, es independiente de las obligaciones de las comunidades de proveer la asistencia normalizada a la población drogodependiente, reconocida como prestación del sistema público en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud.

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