El Govern de Marga Prohens ha reaccionado con rapidez y ambición ante una crisis que golpea directamente al corazón de la economía balear. La movilización de más de 160 millones de euros es una intervención de calado para sostener el tejido productivo en un momento de fuerte presión inflacionista, especialmente por el encarecimiento de los combustibles y la energía.
El diseño del paquete —cinco bloques que combinan liquidez, ayudas directas, fiscalidad y revisión de contratos— apunta en la dirección correcta. Destaca, por su impacto inmediato, el refuerzo de la financiación a empresas y autónomos, así como las ayudas a sectores especialmente expuestos como el primario, el transporte o la construcción. Se trata, en esencia, de evitar un efecto dominó y que los sobrecostes acaben destruyendo empleo o trasladándose al consumidor final.
Se trata, en esencia, de evitar un efecto dominó y que los sobrecostes acaben destruyendo empleo o trasladándose al consumidor final.
Hay, además, un elemento político relevante: el Govern ha optado por escuchar a los sectores y construir una respuesta pactada. En un contexto de incertidumbre internacional, ese enfoque pragmático es tan necesario como poco habitual.
Ahora bien, conviene introducir cautela. El anuncio es sólido, pero el verdadero alcance de las medidas se conocerá el miércoles, cuando el Consell de Govern extraordinario apruebe el decreto ley. Ahí se comprobará si la ejecución será ágil y si las ayudas llegarán a tiempo y con la suficiente intensidad.
Y queda un flanco abierto: el social. Patronal y sindicatos coinciden en la necesidad de un escudo para las familias. La Conselleria de Familias trabaja en ello, pero todavía no hay concreción. Sin ese complemento, el paquete corre el riesgo de quedarse cojo.
El Govern ha dado un primer paso firme y muy positivo. Ahora toca convertir el anuncio en medidas efectivas y de impacto real.
