La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por el sistema de registro de viajeros regulado en el Real Decreto 933/2021, al considerar que vulnera la normativa comunitaria de protección de datos. La decisión, anunciada este jueves, ha sido recibida por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) como una confirmación de las críticas que el sector viene realizando contra esta normativa desde su entrada en vigor el 2 de diciembre de 2024.
La patronal hotelera sostiene que el expediente europeo demuestra que el reglamento era “inaplicable” y contrario al derecho comunitario. Desde 2022, CEHAT, junto a agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos y plataformas de intermediación, ha denunciado los efectos de una regulación que obliga a recopilar y remitir una gran cantidad de datos personales de los viajeros.
BUROCRACIA, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Según la organización, la norma fue elaborada sin tener en cuenta la realidad operativa de las empresas turísticas y ha generado importantes problemas para el sector. Entre las principales críticas figura la carga burocrática que impone a los establecimientos, así como los riesgos derivados de la gestión de información sensible, como datos de pago, transacciones financieras o información de geolocalización.
La Comisión Europea fundamenta parte de sus objeciones en el principio de minimización de datos recogido en la legislación comunitaria. Bruselas considera desproporcionada la obligación de conservar determinados datos durante tres años y cuestiona el carácter masivo e indiscriminado de la recopilación exigida por la normativa española.
CEHAT también recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido límites estrictos a la transferencia sistemática de datos personales a las autoridades públicas. Según la patronal, el Real Decreto 933/2021 vulnera esta doctrina al exigir la comunicación generalizada de información privada de millones de viajeros sin vincularla a sospechas concretas de criminalidad grave o amenazas específicas para la seguridad.
CEHAT Y FEHM EXIGEN SU DEROGACIÓN
Ante la apertura del expediente, la confederación reclama la derogación inmediata de la norma y la creación de una mesa de diálogo entre el Ministerio del Interior y los sectores afectados. El objetivo, según la organización, sería diseñar un sistema alternativo que permita colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin menoscabar los derechos fundamentales de los ciudadanos ni imponer obligaciones consideradas ilegales por la normativa europea.
El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, ha lamentado que el Ministerio del Interior haya deteriorado la relación con el sector turístico y ha reclamado una reforma profunda de la legislación, conocida como 'Gran Hermano turístico'. Marichal ha defendido que la seguridad debe seguir siendo una prioridad, pero aseguró que no puede lograrse “a costa de la privacidad de los viajeros ni ignorando la normativa europea”.
La patronal considera que el expediente abierto por Bruselas debe servir como punto de partida para revisar el modelo actual y construir un sistema de intercambio de información que combine eficacia policial, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los ciudadanos.
Por otro lado, la FEHM, integrada en CEHAT, donde ostenta una vicepresidencia, considera que el expediente sancionador de Bruselas confirma que el registro de viajeros era inaplicable y contrario al derecho europeo. Asimismo, la patronal hotelera de Mallorca recuerda que ha respaldado desde el inicio las reclamaciones lideradas por CEHAT contra el Real Decreto 933/2021 y reclama su derogación inmediata y la apertura de un proceso de diálogo con el sector.
