La medida está incluida en el Decreto Ley 1/2026, que fue aprobado por el Parlament con una amplia mayoría. Forma parte del paquete de ayudas impulsado por el Ejecutivo autonómico para apoyar a los sectores más afectados por el aumento de costes y las consecuencias económicas derivadas de la inestabilidad internacional.
Sin embargo, el Gobierno central ha enviado un requerimiento al Govern al considerar que esta deducción podría ser inconstitucional. Según el Estado, permitir que estas ayudas no tributen podría generar competencia fiscal entre comunidades autónomas.
El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha rechazado esta interpretación y ha asegurado que es "impensable" que la medida provoque que empresas o autónomos se trasladen a Baleares para beneficiarse de ella.
Costa ha explicado que las ayudas están destinadas a sectores muy concretos y con una fuerte presencia en las islas, como el sector primario, el transporte terrestre, la industria, la construcción y el comercio. Además, ha recordado que tanto las ayudas como la deducción fiscal son temporales y solo se aplicarán durante el año 2026.
Por ello, considera que no tiene sentido pensar que negocios de otras comunidades autónomas vayan a trasladar su actividad a Baleares únicamente para acceder a estas ayudas extraordinarias.
El conseller ha defendido que el objetivo de la deducción es evitar que los beneficiarios tengan que pagar impuestos por unas ayudas que precisamente se han creado para compensar las pérdidas y dificultades económicas causadas por una situación excepcional.
Costa ha asegurado que el Govern mantendrá la defensa de esta medida ante el Estado y ha insistido en que seguirá apoyando a los autónomos baleares afectados por las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.
