El Govern retirará del anteproyecto de Ley de Vivienda el artículo que establecía que los bancos que desahucien a familias que no pueden pagar sus hipotecas tendrían que cederles un domicilio en alquiler social, una obligación que según el Consell Consultiu colisionaría con la normativa estatal. El órgano consultivo ha emitido un dictamen unánime sobre el proyecto legislativo que, según el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, supone un "respaldo claro a la política, al espíritu y la filosofía de la ley", pero que plantea algunos conflictos con la regulación nacional que podrían ser motivo de recurso de inconstitucionalidad.
"Buscamos la mayor seguridad jurídica", ha declarado a Efe el conseller Pons, quien ha anunciado que se seguirán todas las recomendaciones del Consultiu para dotar la futura ley de la mayor "legitimidad jurídica" posible y defenderla ante el ejecutivo central.
Por ello, se suprimirá el precepto que establecía la obligación de las entidades bancarias de ofrecer una alternativa de vivienda a familias sin recursos desahuciadas por impagos de sus cuotas hipotecarias.
El Consell Consultiu advierte en su dictamen que esta medida colisionaría con la Ley de Entidades Financieras estatal, lo que abriría una vía al recurso de inconstitucionalidad que el Govern prefiere evitar puesto que entiende que la ley contempla otros mecanismos para garantizar el acceso a la vivienda de familias necesitadas.
Otra recomendación del órgano de consulta jurídica es que se justifique la necesidad de vivienda para aplicar el artículo que prevé que los grandes tenedores de inmuebles tendrán que ceder aquellos que permanezcan en desuso más de dos años.
El anteproyecto se modificará para determinar que anualmente se actualizará un "plan de necesidades" de vivienda en función de las personas en lista de espera para casas de protección oficial, por lo que se requerirá de los grandes propietarios un cupo de viviendas vacías ajustado al número de familias que carezcan de domicilio, ha explicado Marc Pons.
Ha incidido el conseller en que "lo importante es que el Consultiu avala por unanimidad la ley" y que las deficiencias que plantea son "subsanables".
En este sentido, ha añadido que también se "definirán mejor las líneas de ayudas" a la vivienda previstas en el anteproyecto y se detallará más el estudio económico que acompaña al texto.
El conseller de Territorio, Energía y Movilidad ha asegurado que el Consell de Govern aprobará el proyecto ya modificado en agosto y que la ley iniciará su tramitación en el Parlament en septiembre.
