El guirigay normativo lastra el sector del transporte con conductor (VTC)

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear prevé hacer varios cambios en la actual normativa sobre el transporte público terrestre, para introducir mejoras en materia de sostenibilidad, tránsito y movilidad, en especial en el sector del taxi y en el sector de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Como es bien sabido, en este último sector han empezado a trabajar recientemente en España empresas como Uber —con presencia ya en Mallorca e Ibiza—, Cabify o Bolt.

A pesar de la citada determinación del Govern que preside la popular Marga Prohens, una de las principales dificultades con que se está encontrando el área que dirige la consellera Marta Vidal a la hora de abordar o no determinados cambios, tiene que ver con la existencia de diversas resoluciones judiciales previas directamente vinculadas al servicio que prestan los VTC en nuestro país.

Cabe recordar, en ese sentido, que el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo confirmó la nulidad de dos artículos del Decreto 200/2019, de 17 de diciembre, del Gobierno vasco, que regulaba las condiciones de prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor. El primero de los dos artículos anulados por el Supremo era el que obligaba a contratar los VTC con 30 minutos de antelación, mientras que el segundo artículo anulado era el que prohibía la geolocalización de vehículos que no hubieran sido previamente contratados.

En el caso de Balears, los tribunales no se han pronunciado aún de forma definitiva sobre la normativa para los VTC que aprobó hace cuatro años el Ejecutivo que presidía la socialista Francina Armengol. Por ello, la actuación de los VTC en nuestra comunidad se sigue rigiendo, al menos por el momento, por el Decreto Ley 1/2019, de 22 de febrero, de medidas urgentes sobre la explotación y el control de la actividad de alquiler de vehículos con conductor y otras medidas en materia de transportes terrestres. Dicho decreto ley también establecía la obligatoriedad de tener que contratar cualquier VTC con media hora de anticipación.

El hecho de que el Gobierno vasco optase por la aprobación de un decreto y el Gobierno balear se decantase por la aprobación de un decreto ley ha hecho que esos dos textos normativos hayan seguido finalmente caminos jurídicos distintos, tras haber sido recurridos previamente por los afectados. Así, si en el País Vasco fue el Tribunal Supremo el que tuvo la última palabra sobre la contratación de los VTC, en Balears será el Tribunal Constitucional el que la tenga. Esa circunstancia concreta se debe a que en España sólo puede pronunciarse sobre la posible legalidad o ilegalidad de una norma con rango de ley el Tribunal Constitucional, no el Tribunal Supremo.

UNA SENTENCIA PENDIENTE

De hecho, el pasado mes de abril el Tribunal Supremo planteó ya ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad del artículo 2.2 del mencionado Decreto Ley 1/2019, que es el que establece en Balears la obligación de reservar el servicio de los vehículos VTC con una antelación de 30 minutos a su posterior prestación a un cliente. Según el Supremo, ese artículo vulnera el principio de libertad de empresa que reconoce el artículo 38 de la Constitución española.

En este contexto, el vicepresidente del Govern y portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, anunció el pasado jueves que, por ahora, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad mantendrá el requisito de tener que contratar los VTC con media hora de anticipación, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad o no de esta obligatoriedad horaria específica.

Con independencia de lo que finalmente decida el Constitucional sobre esa cuestión concreta, el Govern tendrá además presente otra reciente decisión judicial vinculada a los VTC —en concreto, una sentencia de la Unión Europea referida sólo a Barcelona— para valorar futuras actuaciones en Balears. Como se recordará, el pasado mes de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que se oponía a la limitación de licencias de VTC en el área metropolitana de Barcelona. Dicha limitación, fijada por el consistorio barcelonés, determinaba que sólo podía haber una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi.

Hoy por hoy, el contenido de la citada resolución de la Unión Europea no afecta de manera directa a nuestra comunidad, pero puede servir de guía al Ejecutivo autonómico en la regulación de la concesión de licencias para los VTC que prevé llevar a cabo en los próximos meses. En ese sentido, cabe recordar que a lo largo de este año han sido presentadas sólo en Balears en torno a 11.000 solicitudes de autorización de vehículos de estas características, unas 8.000 en Ibiza y unas 3.000 en Mallorca.

Partiendo de esta realidad, fuentes oficiales de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad han explicado a mallorcadiario.com que la no regulación por parte del Govern de la concesión de licencias de VTC supondría un alto riesgo de que una parte importante de las citadas 11.000 solicitudes se tuvieran que acabar otorgando tras decidirlo así una sentencia judicial. "Es fundamental una regulación basada en criterios de sostenibilidad, movilidad y gestión del tráfico", han señalado dichas fuentes.

SUPUESTOS INCUMPLIMIENTOS

Por otra parte, Movilidad tiene sobre su mesa, desde finales del pasado verano, un informe que le fue entregado por la Agrupación de Autotaxi de CAEB, en el que se señalan supuestos incumplimientos por parte de Uber desde el reciente inicio de su actividad en Palma. Esta investigación, realizada por una agencia de detectives, consta de 54 páginas, incluye 71 fotografías y también un DVD, "con los vídeos grabados que documentan y complementan la información escrita".

El trabajo de campo fue realizado "durante diferentes franjas horarias" de los días 21, 22, 24 y 27 de junio, y de los días 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 18 y 19 de julio. En sus conclusiones, el mencionado documento señala, en primer lugar, que "en ninguno del total de los 23 casos en los que se solicitaron servicios de la compañía Uber se respetó el plazo legal estipulado de 30 minutos de contratación del servicio", ya que "el tiempo medio de espera fue de menos de seis minutos". En concreto, "el día que menos se tuvo que esperar fue un minuto y el día que más se tuvo que esperar fueron 17 minutos entre la solicitud y la llegada del vehículo".

La segunda conclusión es que "no se han podido solicitar taxis porque la aplicación nos indica en todo momento que «no hay taxis disponibles»". En este contexto, cabe recordar que el pasado verano no había aún ningún taxista registrado prestando servicio en Uber, por lo que esta segunda conclusión no representa, en sentido estricto, ninguna objeción al funcionamiento de dicha plataforma.

Por lo que respecta a la tercera conclusión del informe, especifica que "los intentos de parar un vehículo Uber a mano alzada han sido infructuosos, alegando los conductores que fueron requeridos «que si les para la policía, no pueden justificar que se ha solicitado el vehículo por la aplicación y les multan»". En estos casos concretos, la actuación de los vehículos de Uber habría sido correcta, si bien algunos vídeos grabados por taxistas —con independencia del citado informe— indicarían lo contrario. En cualquier caso, dichos vídeos no tienen el carácter de prueba pericial.

La cuarta conclusión del dosier es que "los costes por carrera han fluctuado entre los ocho euros y los 24,01 euros, siendo las carreras muy cortas", mientras que la quinta y última conclusión indica que "en alguna ocasión, se nos han aplicado cargos por esperas que no han existido".

PRESENTE Y FUTURO

En base a este informe realizado por la mencionada agencia de detectives, la Agrupación de Autotaxi de CAEB presentó una denuncia el pasado 17 de septiembre en la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, adjuntando dicho documento.

Por su parte, fuentes oficiales vinculadas a Uber han señalado a este digital que sus vehículos habrían cumplido en todo momento las condiciones fijadas por el Govern para que puedan llevar a cabo su labor en Balears.

Más allá del actual guirigay normativo, de las sentencias ya señaladas o de la citada denuncia que se hizo llegar al Govern, el presente y el futuro del servicio que ofrecen el sector del taxi y el sector de los VTC seguirán siendo objeto de debate, tanto entre la ciudadanía como en el marco de las instituciones. Precisamente, en el pleno del Parlament del próximo martes, el PSOE presentará una proposición de ley para "la mejora de la regulación de los servicios de transporte con vehículos de hasta nueve plazas en las Illes Balears".

Lo único que previsiblemente no cambiará será que hoy, como ayer, los taxis —y ahora también los VTC— nos seguirán ayudando a intentar llegar a tiempo a una entrevista de trabajo, a una cita con el médico, a un encuentro pasional o a un almuerzo con los amigos o con la familia, siempre y cuando el otro gran guirigay actual —el de los atascos— nos lo permita.