Se suponía que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introdujo la figura del investigado, en sustitución del imputado, para eliminar el lastre que suponía esta palabra para quien se encontraba inmerso en un proceso judicial penal. Ello sin duda debido a la exposición social-mediática tan magnificada en los últimos tiempos a pesar que esta figura se basa en un engranaje de garantías procesales. Diez meses después de la entrada en vigor de la reforma, de nada parece haber servido el cambio. Incluso muchos medios de comunicación siguen utilizando la palabra “imputado”.
No sería importante la cuestión si no tuviera incidencia en la gestión del bien público. Así pues, arguyendo una mayor transparencia (aunque en el fondo puede haber otras motivaciones) cada vez que un político es llamado a declarar como investigado se alza un revuelo en torno a si debe de dimitir o no. Está siendo el caso sin duda de Álvaro Gijón.
Llama la atención tanto la posición del Partido Popular como la del Partido Socialista Obrero Español en la cuestión. Por una parte, el PP incumple su código ético de apartar de cargo público a quien se encuentra investigado, y por otra, el PSOE se dedica a exigir al PP que obligue a dimitir a sus cargos cuando él mismo no hace lo propio con los suyos. Mal por las dos partes. En primer lugar, el código ético del PP es cuestión interna, y, no es un tercero (el PSOE), quien tiene que exigir su cumplimiento. Por otra parte, si el PP, en determinados casos, decide no aplicar la exigencia de dimisión, está proyectando una imagen exterior de falsedad.
A todo ello, quiero decir que personalmente no estoy de acuerdo en que una citación a declarar como investigado tenga que suponer una dimisión automática. El motivo es doble. Por una parte, es deber del juez analizar las denuncias o querellas que les toque por reparto, y la primera acción que se lleva a cabo -una vez analizada la denuncia/querella- es llamar a declarar a denunciante y denunciado. Por lo tanto, es demasiado fácil provocar que una persona tenga que dimitir injustamente sabiendo que luego no podrá recuperar el puesto. En segundo lugar, a buen seguro que los jueces de instrucción trabajarían con más libertad y menos presión externa si de su actuación no se derivaran consecuencias políticas. No olvidemos que el poder judicial tienen por función “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, pero nada más. En este mismo sentido se expresaba el presidente de la Audiencia Provincial de Palma Diego Gómez Reino cuando se mostraba contrario a que una investigación de un cargo público supusiera su dimisión forzosa. Comparto el posicionamiento.
La exposición mediática -la pena del telediario- es capaz de triturar la carrera de cualquiera. Y en este sentido tenemos un gran ejemplo: el notario Álvaro Delgado. Páginas enteras se llenaron con su imputación. Su sobreseimiento en la causa Operación Relámpago sólo fue merecedor de unas pocas columnas, y mientras tanto clientes de perdía.
El reciente caso del exalcalde de Bunyola, Jaume Isern, absuelto del delito de homicidio imprudente, ha puesto de manifiesto lo delicado del asunto. Isern, tuvo que padecer un recibimiento público en los juzgados con el peor insulto que le pueden decir a una persona: “asesino”, y eso es una herida no hay sentencia absolutoria que la cure.
Hacer daño a la gente es demasiado fácil. Y los políticos deberían de ser los primeros en poner sensatez a la cuestión en vez de echar más leña al fuego.
También en ello podría colaborar la Administración de Justicia. Como muestra un botón de su colaboración al espectáculo mediático: en febrero de este año tuvieron lugar en la Audiencia Provincial de Palma el mismo día dos juicios sucesivos en los que ya se había pactado la conformidad de los acusados. El primero era por delitos relacionados con la corrupción política, el segundo por robo a mano armada en domicilios. Pues bien, no sé quién tomó la decisión pero lo cierto es que todos los medios de comunicación asistentes pudieron tomar imágenes frontales de los políticos y sólo laterales de los paramilitares. ¿A qué fue debido este trato desigual? Lo desconozco aunque lo intuyo. Yo, sinceramente, prefiero ver el careto a los paramilitares atracadores de domicilios con metralleta que a políticos inhabilitados por lo que les queda de vida para ejercicio de cargo público.
