Siento decepcionar a los frikis deceístas que desearían un viaje literario a Gotham City, en lugar de seguir teniendo que resistirse al desaliento que nos produce lo cotidiano, pero no podríamos superar al papel de comediante con problemas de salud mental que interpretó un soberbio Joaquin Phoenix, aunque algunos líderes mundiales sí que lo imitan a diario. Joker no es sólo el archienemigo de Batman. Además de bromista o guasón, es una carta especial que carece de un valor fijo y que el jugador puede usar para sustituir a cualquier otra de la baraja.
El comodín es, pues, el recurso más ansiado de quien quiere ganar una partida de naipes y un elemento que puede adaptarse, sustituir a otros o asumir diferentes funciones según lo requiera la situación. Sin duda que los más jóvenes resolverían el acertijo reproduciendo ese misterioso gesto viral del sixseven, que se ha convertido en signo de complicidad, pero como yo ya peino canas, creo que el sufijo contemporáneo más recurrente es cualquier derivado del abstracto sustantivo DIGNIDAD.
Todos los medios ofrecen alguna pieza en sus espacios informativos en la que los protagonistas reivindican alguna aspiración, fundamentalmente salarial, pero que contiene nuestro indefectible adjetivo: los educadores de infantil o los profesores de primaria y secundaria están en huelga por una educación pública digna; los facultativos han generado dos millones de actos médicos suspendidos por una sanidad digna; miles de inquilinos han tomado las calles porque reivindican una vivienda digna; los afectados por el evitable accidente de Adamuz siguen reclamando un transporte digno; los camioneros miran también a Fomento para exigir unas infraestructuras dignas; abogados y juristas exigen más recursos e independencia para conseguir una justicia digna… Es difícil encontrar un grupo profesional o colectivo social que no proteja sus objetivos bajo el paraguas de la dignidad, no por ello menos justos. El problema es que lo analizamos en todas las mesas de debate o en cualquier tertulia callejera como si cada una de las demandas fuera aislada y no como parte de un conjunto que se integra, como la teoría de los vasos comunicantes.
Es evidente que la dignidad no puede ser sólo un ornamento retórico en los discursos políticos ni un concepto abstracto guardado en los textos constitucionales; debe ser una cualidad medible, palpable y cotidiana. Una vivienda digna no es un techo que evita la lluvia, sino un hogar seguro y accesible. Una educación digna no es la mera escolarización, sino la garantía de igualdad y desarrollo crítico. Una sanidad digna no es solo la supervivencia, sino el cuidado humano y universal. Sin embargo, en la gestión de lo colectivo, la dignidad tiene un precio y se traduce en una cifra: el presupuesto.
A nivel consolidado, España destina en torno al 6,9% del PIB a la sanidad pública, lo que equivale a más de 100.000 millones de euros anuales en términos absolutos. El gasto relativo en educación, competencia también autonómica, se sitúa cerca del 4,9% del PIB, unos 70.000 millones de euros. El Estado central retiene una gran parte de la inversión en alta velocidad y carreteras, destinando más de 12.000 millones de euros, alrededor del 1% del PIB, a infraestructuras y movilidad sostenible. Es cierto que la vivienda es la hermana pobre de los derechos fundamentales, con una legislación muy restrictiva y una inversión pública muy baja. Pero, ¿de dónde financiamos la dignidad constitucional en ese ámbito, sin detraerla de otros servicios básicos? El pago de las pensiones contributivas y las prestaciones por desempleo, absorben más del 40% de todo el presupuesto del Estado central y representa cerca del 13% del PIB. En términos absolutos, supera ampliamente los 200.000 millones de euros. La deuda pública, por encima de los 1,7 billones de euros, es intocable porque seguimos acumulando déficit anualmente. Los servicios públicos y la seguridad absorben más del 5% de los últimos Presupuestos Generales del Estado, a los que hay que sumar las ayudas e inversiones al tejido productivo y el sostén de la maquinaria de los Servicios Generales (funcionamiento del aparato del Estado), que representa un 4% del gasto total.
Cada uno de los que haya alcanzado este párrafo ya habrá hecho conjeturas sobre cómo redistribuiría los ingresos y gastos del conjunto, estableciendo prioridades y urgencias inaplazables. El problema es mezclar en una coctelera el resultado, sin ahuyentar a los contribuyentes, y plantear al electorado una propuesta mayoritaria. Eso es exactamente lo que se le pide al Consejo de ministros: que garantice una fiscalidad y un reparto de los 765.000 millones de euros de gasto público consolidado con equidad y transparencia. Para eso la Carta Magna no sólo recopila los derechos ciudadanos, sino que considera también una obligación que cada año el Gobierno presente a votación los PGE, lo que no ha sucedido desde 2022.
La dignidad es el valor intrínseco, único e incondicional que posee cada ser humano por el simple hecho de existir, pero no debería ser necesario reclamar un valor ontológico, que una sociedad hastiada y polarizada ha olvidado exhortar al poder público. Si digno es un adjetivo que indica que se es merecedor de algo, no debemos olvidarnos de que nuestras pretensiones deben ser compatibles con todas las otras, igual de justas, pero que deberíamos exigir antes que los gobernantes respeten nuestra dignidad, asumiendo sus responsabilidades, en lugar de enfrentarnos en las calles.
