Los nueve ciudadanos que integran el jurado popular han concluido por unanimidad que lo ocurrido en Porto Cristo no fue un accidente, ni un arrebato, ni un error. Fue, lisa y llanamente, un asesinato. Una recién nacida, viva, indefensa, arrojada a un contenedor como si fuera basura. Y lo peor es que quienes lo hicieron sabían perfectamente lo que estaban haciendo, según el veredicto del jurado.
Los hechos probados hielan la sangre. La bebé nació con vida en el interior de un coche y, en lugar de buscar auxilio —con un hospital a escasa distancia—, la madre y su entorno decidieron deshacerse de ella. El jurado considera que actuaron con la intención de causarle la muerte.
La Fiscalía pide prisión permanente revisable. Y no parece desproporcionado a tenor de la gravedad de los hechos considerados probados por el jurado popular de forma unánime e indubitada.
Este crimen sacude por su crudeza, pero también por lo que revela: una cadena de decisiones que desemboca en el abandono absoluto de una vida recién alumbrada. La tía, que pudo intervenir, tampoco lo hizo. Y esa omisión también ha sido considerada delictiva. Pero hay un elemento que añade indignación a la tragedia: la principal acusada no se presentó a la lectura del veredicto. Por ese motivo la Audiencia Provincial ha dictado orden de busca y captura.
Ahora queda la sentencia. La Fiscalía pide prisión permanente revisable. Y no parece desproporcionado a tenor de la gravedad de los hechos considerados probados por el jurado popular de forma unánime e indubitada.
Cabe confiar en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad den cuanto antes con su paradero. Que no haya resquicios para la impunidad. Que quien fue capaz de arrojar a su hija a un contenedor responda por su crimen y cumpla la condena que le sea impuesta. Porque todos los delitos son reprobables; pero aquellos cometidos contra un ser inerme e indefenso, lo son aún más.
