Los políticos y burócratas no son seres angelicales, tienen sus propios intereses como los empresarios, los trabajadores y cualquier otro ser humano social. No obstante, mientras estos últimos están limitados por el sistema de precios en el que compiten, no ocurre lo mismo con los primeros. Es por ello que la tendencia al engorde de su poder resulta ilimitada, a menos que el sistema constitucional diseñe un sólido y resistente mecanismo de “pesos y contrapesos” (checks and balances). Ya resulta evidente que este no es el caso de nuestro país.
Con nuestro sistema constitucional, y electoral, era cuestión de tiempo que apareciese un Sánchez, sobre todo, tras la exitosa carrera política desarrollada por los nacionalismos vasco y catalán. Esas agrupaciones políticas han conseguido eliminar cualquier forma de alternancia a menos que, tal como ocurre con el PSC, se asuman sus postulados. Un éxito, además, extensivo al dominio del conjunto de la nación, pues los nacionalismos han llevado siempre la iniciativa, desde los inicios de la transición al aceptar los partidos de gobierno todos, y cada uno, de sus postulados. De hecho, fue el encaje constitucional de los nacionalismos el que se dejó más en el aire.
Sánchez, - como podría haber sido cualquier otro político ambicioso que hubiese observado lo ocurrido con nuestra democracia-, ha aprendido la lección y quiere subirse al carro de los vencedores. Sabe que los partidos (en su caso el PSOE) son cascarones vacíos que siguen al líder que ofrezca prebendas y buenos sentimientos identitarios. Por ello, el actual inquilino de la Moncloa no duda en emplearse a fondo en transformar el texto constitucional, mediante la simple técnica de manipular el significado de las palabras. Aprovecha para ello una superioridad mediática apabullante construida mediante alianzas con fondos (¿buitres?) poderosos y, en buena parte también, sobre los restos del naufragio de la antigua prensa del movimiento. Cabe recordar que Zapatero también lo intentó, aunque, a diferencia de lo que sucede ahora, las instituciones europeas no le proporcionaron los fondos para continuar.
De hecho, soy de los que pienso que no hay nada que nos pueda sorprender en la trayectoria del presidente Sánchez. Sus objetivos están claros -acumular poder, ser el líder de un amplio grupo de élite privilegiado- desde el principio de su mandato, su técnica es la misma que la utilizada por los nacionalismos citados, es decir, dividir a la sociedad en bloques. Favorecer a los del propio mediante incentivos, recompensas o inmunidades; y desincentivar la participación en la alternativa mediante la marginación, la penalización o, incluso, castigo.
Por supuesto, el resultado no es ni un ejemplo de buen funcionamiento social ni tampoco económico. El sectarismo, en mayor o menor medida, acaba influyendo en los modelos económicos, pues triunfan con más facilidad aquellos grupos sociales (o empresariales) que más se acercan al poder, en vez de aquellos otros cuyos productos o servicios realmente demanda la sociedad mediante sus actividades cotidianas. Así, las leyes sanchistas, como muchas de las nacionalistas, son lo suficientemente partidistas como para evitar que sea la propia sociedad la que resuelva sus problemas de forma espontánea. Sin ir más lejos, tomemos a modo de ejemplo la legislación sobre los alquileres que nos han llevado a la mayor crisis de vivienda de nuestras vidas; pero hay muchos otros casos más.
El último anuncio del pacto entre el PSC y Esquerra para establecer un régimen de concierto en Cataluña era algo previsible. De hecho, el preacuerdo es casi un nuevo marco estatutario y constitucional. No es posible que nadie se sorprenda, pues es la misma dinámica de siempre, aunque ahora el deterioro de las instituciones, con togados dispuestos a meterse en charcos de polvo y barro, permite llegar más lejos. El resultado serán más impuestos y más poder para los políticos, menos para los ciudadanos. ¡Nada nuevo!
Algunos analistas dicen que el asunto del concierto es un simple anuncio estratégico, que tiene el único objetivo de facilitar (¿engañar?) a los escasos militantes de Esquerra que deben aceptar la investidura de Illa, pero que finalmente no habrá cesiones fiscales. ¡Puede ser! En cualquier caso, todo parece indicar que la principal motivación para el cambio del sistema de financiación es otro: poder pagar a todos los cargos de Esquerra que se quedarán en la nueva administración autonómica socialista, mediante el artificio de crear innumerables chiringuitos públicos que a buen seguro, y tristemente, se entrometerán en muchos más asuntos de la esfera de lo personal. Dicho en otras palabras, ¡Los políticos y los burócratas ganan, la gente corriente pierde! Por supuesto, el preacuerdo también es una renovación del Tinell y un añadido a la inseguridad jurídica.
En cuanto a Puigdemont, me inclino a pensar que, con sus siete esenciales votos en el Congreso, su llegada en rebeldía también está pactada, tal como pienso que lo estuvo su huida en el “maletero”.
A estas alturas de este escrito, creo que resulta evidente que pienso que tenemos un problema con nuestra democracia, y no se llama Pedro Sánchez. El presidente recordman tributario es tan sólo un síntoma, el resultado de una deriva, Por ello sostengo que es más necesario analizar y revisar los incentivos inadecuados que genera el sistema, que limitarse a prácticas perversas de un personaje que tarde o temprano habría acabado aparecido, aunque también haya que hacerlo.
El Poder siempre tiende a desbordarse y crecer. Precisamente por ello aparecen los modelos políticos constitucionales. Las cartas magnas tienen por misión principal limitar a los gobernantes en beneficio de las personas comunes. Sin embargo, si la constitución no tiene la fuerza de una religión entre el público, -y tristemente no es nuestro caso- poco a poco se puede convertir en un chicle maleable en manos, precisamente, de aquellos que sueñan con convertirse en élites extractivas dominadoras.
Si (
No(