La asociación de los inspectores de Hacienda, ese cuerpo que provoca sarpullidos en los ciudadanos con la sola mención de su nombre, hizo ayer una propuesta que debería ser estudiada por los partidos políticos de Baleares: sugieren que todos se pongan de acuerdo para perseguir con más eficacia e intensidad la economía sumergida, aduciendo que así se puede reducir la deuda. Los técnicos de Hacienda señalaron varias medidas con este fin. Unas tienen que ver con modificaciones en los impuestos, las cuales a mi entender se deberían estudiar, pero no veo tan claro que se puedan aplicar en momentos como este. Otras medidas, en cambio, hacen referencia a luchar contra la eocnomía sumergida. No veo cómo podría justificarse una postura de oposición a mejorar la vigilancia fiscal, a intensificar la persecución del fraude, del engaño. En realidad, luchar contra la economía sumergida es una obligación ineludible de la Administración, para lo que no debería haber restricciones (siempre controlando la eficacia) y, mucho menos, oposición. Se trata de acabar con esos amplios sectores de la actividad económica que funcionan básicamente en negro y que responderían a dos perfiles: por un lado, las personas influyentes cuyos tentáculos llegan lejos y que probablemente sean pocos pero de trascendencia y, en segundo lugar, los defraudadores profesionales o empresariales que realmente son muy difíciles de perseguir, porque en España no tenemos -yo diría que por suerte- una actitud colectiva delatora. En otros países, con otros comportamientos culturales, si un fontanero, electricista o albañil, si un médico, dentista o abogado piden cobrar en negro, serían denunciados ante las autoridades. Aquí no somos así y tendemos a entender o a soportar estas conductas. Sin embargo, en tiempos así, como los propios técnicos de Hacienda reconocen, es cuando se han de dar pasos y avanzar hacia una sociedad más justa. Perseguir al defraudador no es tanto atacar a algunos como defender a los que sí cumplen con la Ley.
