El monolito de sa Feixina fue resignificado por una alcaldesa del PSOE

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha incluido el monumento a las víctimas del crucero Baleares en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Así, se ordena la retirada del monumento de Sa Feixina en Palma. Pero tal disposición entra en abierta contradicción con lo que han dictaminado los tribunales de forma reiterada en los últimos años.

Conviene recordar un hecho clave que algunos parecen empeñados en borrar: el monumento fue resignificado en 2010 durante el mandato de la entonces alcaldesa socialista Aina Calvo, actual secretaria de Estado de Seguridad.

Se eliminaron símbolos, inscripciones y elementos de exaltación franquista, adaptándolo a la Ley de Memoria Histórica con el respaldo político de todas las fuerzas políticas. Ese proceso supuso transformar su significado original en un espacio de memoria y reconciliación.

Se eliminaron símbolos, inscripciones y elementos de exaltación franquista, adaptándolo a la Ley de Memoria Histórica con el respaldo político de todas las fuerzas políticas

A partir de ahí, la Justicia ha sido clara. Tanto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo como el Tribunal Superior de Justicia de Baleares concluyeron que el monumento, despojado de simbología franquista, no vulnera la ley y debe ser preservado como bien catalogado. Es decir, no es ya un símbolo de exaltación, sino un elemento patrimonial reinterpretado.

Frente a esta realidad jurídica, la orden del Gobierno central introduce un elemento profundamente preocupante: la sustitución del criterio judicial por el criterio ideológico. Porque si el propio PSOE impulsó en Palma la resignificación y los tribunales la validaron, ¿qué ha cambiado ahora? La respuesta es evidente: el relato político.

Este tipo de revisionismo selectivo no contribuye a cerrar heridas, sino a reabrirlas. Convertir cada vestigio del pasado en un campo de batalla permanente impide avanzar como sociedad y debilita la credibilidad de las instituciones. La memoria democrática no puede construirse a golpe de decreto cuando los tribunales ya han dicho la última palabra.

En lugar de respetar el marco legal y las resoluciones judiciales, el Gobierno, como ya es habitual, opta por reescribir el pasado en función de intereses presentes. Y en ese camino, la coherencia —y la seguridad jurídica— quedan seriamente dañadas.