En el mundo del engaño, dos tipos de personas son las presas más fáciles: por una parte los avariciosos - para ellos está el timo de la estampita con sus variantes- y por otra las personas de alma cándida. Y si bien en ambos casos la conducta del defraudador es igual de punible, a nadie escapa que socialmente está más condenado el segundo caso. Es por ello que el caso de Fernando Blanco, padre de Nadia Nerea, ha tocado la fibra más sensible de la sociedad, despertando la mayor de las indignaciones obra y gracia de los medios de comunicación que en ello han visto un filón.
Como siempre pregono de los casos que aún están sub iudice, no estoy de acuerdo en que se condene social y mediáticamente a esta persona antes de que lo haga un juez o tribunal -en este caso personalmente aprecio la Audiencia Nacional como competente- aunque los precedentes del sr Blanco (ironía de apellido) no contribuyan en absoluto a su presunción de inocencia.
Resulta que ahora nos hemos percatado de que el padre de la niña estuvo en prisión condenado por un delito de apropiación indebida, y que bastantes de sus ex vecinos binialiers observaron que su tren de vida no era acorde con una persona que destina todos sus recursos al tratamiento de su hija enferma. La buena información ha vuelto a brillar por su ausencia. Ya sabemos que en tiempos de inundaciones es cuando más escasea el agua potable.
Por desgracia, el caso Nadia Nerea no es el primero que conocemos en que algunos desaprensivos aprovechan la bonhomía de las personas para lucrarse. Muchas han sido las ONGs puestas en tela de juicio por el desvío de los donativos recibidos, sabemos de la existencia de empresas que comercializan ropa recogida en contenedores “solidarios” y también se ha dado a conocer que entidades non profit que acechan a los ciudadanos por la calle -en Palma es habitual encontrarlas en Sindicato, Sant Miquel y Oms- pagan a sus “voluntarios” con las dádivas recibidas.
En ello juega un factor clave: en muchísimas ocasiones el dinero donado no ha dejado rastro. Cuando uno deposita unas monedas o billetes en una “hucha solidaria” ninguna constancia queda de ello, siendo pues de imposible recuperación para el estafado. Cuando Fernando Blanco afirmó que devolvería el dinero recibido, tuve claro que realizaba dicha afirmación sabiendo que miles y miles de euros se recogieron por vía extrabancaria, en recolectas públicas, tómbolas y rifas. Este dinero quedará totalmente impune.
Ante ello, puede que sí que la Ley tendría que ir conforme al pensar general y crear un agravante para los casos de estafa cuando el pretexto es la solidaridad. Debería de ser así si queremos evitar que las buenas causas -que las hay- se vean empañadas por estos otros casos de individuos de mala raza y peor condición.
