Los tiempos de la ciudadanía y la política son bien distintos. Me explico. Para el conjunto de la sociedad española resulta inexplicable que las dos grandes fuerzas políticas que han protagonizado desde 1982 el modelo bipartidista -con muchos matices, es cierto- no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo acerca de las bases de un pacto que refleje lo mucho que sus respectivas visiones de la educación tienen en común. ¿Sorprendidos por esta última afirmación? Es una evidencia que, más allá de dogmas insondables de unos u otros, de los que a tirios y troyanos les gusta presumir de cara a la galería, resulta fácilmente comprobable con un examen de la evolución legislativa. En esencia, el modelo de la LOGSE ha pervivido y, desde entonces, son los matices o las declaraciones de principios las que diferencian a PP y PSOE, pero no tanto la gestión que desarrollan. Por ejemplo, ambos predican cosas como la autonomía de los centros educativos y ambos la han vulnerado pertinazmente con una constante intromisión en la organización escolar. Aunque a los socialistas les gusta apelar a la nostalgia de un modelo universal que nunca existió –el de una única escuela, pública y laica-, a la hora de la verdad ellos fueron quienes universalizaron los conciertos y establecieron acuerdos con las distintas confesiones para la enseñanza de las religiones. Los populares pasan por ser supuestos favorecedores de la concertada, pero que, por ejemplo, les pregunten a mis amigos gallegos o castellano-leoneses si están satisfechos con el trato que reciben sus centros privados.
El PP abomina de la desmesura reglamentaria del PSOE, pero cuando gobiernan los populares acostumbran a incurrir en el mismo vicio.
Podríamos parafrasear la célebre cita de Giusseppe Tomaso di Lampedusa, hay que cambiarle el forro a todo para que parezca que somos muy diferentes. Naturalmente que hay excepciones puntuales en el tiempo y en el espacio, pero en general la regla que les he expuesto se viene cumpliendo desde la promulgación de la LODE en 1985.
Si lo pensamos bien, es lógico que sea así, puesto que si se ha producido alternancia de poder ha sido precisamente porque una parte sustancial del electorado no encuentra tan distintos a PP y PSOE y, por eso, vota a unos o a otros en función de cuál de ellos le haya defraudado últimamente.
A todo esto, y vista la secular incapacidad para el pacto educativo demostrada por los partidos gobernantes, la sociedad civil ha comenzado a trabajar.
Descartada la hipótesis del pacto político –ni es el momento de la legislatura propicio para ello, ni existe la más mínima intención de los partidos de bajarse de sus consignas-, únicamente sobrevivía la hipótesis del pacto social.
A la clase política de todo orden ideológico, cuando asume tareas de gobierno, le molesta especialmente que las iniciativas las encabecen y protagonicen las entidades de la sociedad civil. Solo conciben ser las reinas del baile, de manera que por mucho esfuerzo y capacidad de consenso que acrediten las organizaciones sectoriales, preferirían en el fondo no sentirse presionados a alcanzar un acuerdo que evidencie lo mucho que todos los implicados en la educación tenemos en común.
En Balears ha ocurrido algo fundamental que, sin duda, puede marcar el devenir político en próximas legislaturas. Entidades de todo pelaje, ideario, composición, representatividad y ámbito, dentro del sector educativo o incluso en la órbita profesional, están trabajando para conseguir un documento con propuestas concretas para mejorar de una vez nuestro sistema, dotarlo de estabilidad y contribuir a la lucha contra el fracaso escolar, único índice que, por desgracia, encabezamos.
Profesionales de la educación de Mallorca, Menorca y las Pitiusas están siendo capaces de buscar puntos en común que no queden reducidos a una declaración retórica, sino que se concreten en medidas específicas que el próximo gobierno, sea del color que sea, tendrá la oportunidad de implantar con un grado de consenso desconocido hasta ahora.
¿Que qué tienen en común, por ejemplo, el Colegio de Abogados o de Arquitectos, la Cambra de Comerç, la Assemblea de Docents, las federaciones de padres, los directores de centros, la UIB, los sindicatos de la concertada o Escola Católica, entre otros muchos? Pues, aunque pueda sorprenderles, mucho más de lo que les separa, porque es de la educación de nuestros niños y jóvenes de lo que hablamos, no de los beneficios de la banca o del modelo territorial. Si entidades tan diferentes en su concepción de partida sobre algunas cuestiones son capaces de encontrar muchos puntos en común para desarrollar propuestas consensuadas, ¿Por qué partidos que alternan en el poder no lo son?
Bueno sería que, por una vez, las formaciones políticas dejasen de pensar en las elecciones inmediatas y en protagonizar fotos y comenzasen a pensar cómo hacerlo para asumir el pacto social que ya está en camino y que ha nacido del clamor de la sociedad, cansada de esperarles.
