Un barco arde en el mar, generando una gran nube de humo. La situación refleja la tensión en Oriente Medio.
Con el barril de petróleo Brent un 55 % más caro, hasta los 112 dólares, la Bolsa española se ha dejado un 8,49 % en este mes, lo que supone una pérdida de capitalización de 79.317 millones de euros.
Ya el mismo día del ataque, el 28 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó la intervención militar unilateral de EE. UU. e Israel, argumentó que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y pidió "desescalada y diálogo".
En su cuenta de la red social X, el jefe del Ejecutivo también rechazó las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", sentenció entonces, para exigir "el pleno respeto del derecho internacional".
Una postura que ha mantenido en estas cuatro semanas en las instituciones nacionales -el pasado miércoles hubo una debate monográfico en el Congreso dedicado a este asunto- y también en las europeas.
Sánchez recuperó el 'No a la guerra' que llenó las calles de España en los años 2002 y 2003 en contra de la guerra de Irak y son varias las manifestaciones que se han desarrollado estos días con ese lema, las más numerosas el pasado 14 de marzo, celebradas por distintos puntos del país. Hoy mismo también están convocadas protestas en varias ciudades.
La primera preocupación del Ejecutivo con el estallido de la guerra fue ayudar a las miles de personas que, ya sea por residencia habitual -había una colonia de unos 30.000 españoles en Oriente Medio- o por turismo -varios cientos- se encontraban en la zona y querían salir de allí.
Así, hasta mediados de marzo el Ministerio de Asuntos Exteriores cifra en 8.400 los españoles evacuados de los países afectados por la guerra de Irán.
Casi mil militares españoles estaban desplegados en la misiones más próximas a la zona del conflicto bélico, en concreto en las operaciones de paz en Líbano e Irak; los situados en este último país fueron trasladados a España ante el recrudecimiento de los ataques iraníes a los estados vecinos.
En el plano económico, la incertidumbre ha marcado las últimas semanas, en las que se ha confirmado el escenario más temido por los mercados, el de un conflicto prolongado en el tiempo. Este contexto ha impulsado al alza los precios del petróleo y del gas ante los daños en infraestructuras energéticas y el riesgo de una menor oferta a nivel global.
Pero las consecuencias se notaron en el bolsillo de los ciudadanos desde el primer momento, especialmente por el aumento del precio de la gasolina y el diésel, y el Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario un paquete con 80 medidas.
El paquete de hasta 80 medidas que conforman el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio entraron el pasado domingo en plena vigencia, tras su publicación la víspera en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el jueves el pleno del Congreso lo convalidó.
Dotado con 5.000 millones de euros, el plan incluye, entre otras medidas, rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21 % de IVA al 10 %), así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.
En el apartado fiscal destacan, especialmente, la suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica; la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad que pagan los consumidores (del 5,11 % actual al 0,5 %), y la congelación del precio máximo de venta del butano y propano.
Además, el Ejecutivo dio luz verde a otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado en crisis previas, pero es muy probable que no salga adelante en la Cámara Baja por el rechazo ya anunciado de partidos como Junts, PP y Vox.
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