El programa Alquiler Seguro es para incentivar el alquiler de viviendas vacías

El lunes el Govern balear presentó su nuevo programa 'Alquiler Seguro', una iniciativa destinada a incentivar que los propietarios pongan en alquiler sus viviendas vacías, garantizándoles el pago de la renta a través de una intermediación pública. El objetivo es incorporar al mercado unas 2.000 viviendas, con un límite de alquiler para los inquilinos de 1.050 euros mensuales y un máximo de 1.500 euros, en el caso de Mallorca, que podrán recibir los propietarios. La medida ha sido bien recibida por administradores de fincas y agentes inmobiliarios, quienes aseguran que fomentará la seguridad en el mercado del alquiler.

No obstante, el plan ha generado críticas por parte de la izquierda, sindicatos y Consubal. El PSOE critica que el programa fomenta la especulación, que los arrendatarios no podrán pagar la renta y que serán las inmobiliarias las que escogerán a los inquilinos. También afirman que se excluye al 90 por ciento de la población, que se hinchará el mercado y que es tirar gasolina al fuego. Se señala que la medida favorece a los grandes propietarios, asegurándoles ingresos con dinero público, en lugar de controlar los precios del alquiler.

Consubal considera que el programa no garantiza el acceso a viviendas asequibles para las personas con menos recursos, perpetuando así la exclusión social en el mercado inmobiliario. E insiste que se sobreprotege a propietarios y criminaliza a los inquilinos.

Como se puede ver, se trata de dos enfoques radicalmente opuestos; pero la izquierda no parece entender cuál es el verdadero objetivo del programa ‘Alquiler seguro’: que haya más viviendas destinadas al mercado del alquiler que ahora están vacías, por el temor de los propietarios a no cobrar. Este temor quedará disuelto de inmediato, pues es el Govern quien pagará las rentas durante siete años.

La izquierda prefiere insistir en una fórmula fracasada, la de topar los precios del alquiler declarando zonas tensionadas, como prevé opcionalmente la Ley de Vivienda. Pero esa opción legal, en la única comunidad autónoma donde se ha aplicado, que ha sido en Cataluña, no ha impedido que los precios hayan aumentado. Y que la oferta de viviendas en alquiler se haya reducido aún más.