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Marc Pons (PSOE) durante la sesión parlamentaria de este martes.
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Marc Pons (PSOE) durante la sesión parlamentaria de este martes. (Foto: J. Fernández Ortega)

El PSOE amenaza con llevar al Constitucional el Decreto de Simplificación Administrativa

Por Joan Miquel Perpinyà
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jmperpinyamallorcadiariocom/10/10/25
martes 04 de junio de 2024, 12:18h

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Como ya sucediera el martes pasado, PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca se han esforzado en criticar al Govern por la aprobación del Decreto Ley de Simplificación Administrativa, que modifica más de 50 leyes. Más parecía el debate de convalidación del Decreto que una sesión de control. Y una sesión excepcionalmente breve, dada la ausencia por enfermedad de la presidenta del Govern, Marga Prohens; del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; y de la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antonia Mª Estarellas.

La diputada Marta Carrió (Més per Mallorca), ha preguntado al conseller de Turismo, Jaume Bauzà, si cree que se deben reducir el número de visitantes de abril a septiembre. “Los mallorquines no nos resignamos a no poder salir de casa”, ha explicado la ecosoberanista, instando al conseller a reducir plazas turísticas y vuelos.

Bauzá ha espetado: "Ahora apuestan por decrecer cuando hace ocho años que lo único que hacen es crecer", insistiendo en que fue en el Govern del Pacte el que autorizó 115.000 nuevas plazas turísticas.

Carrió ha reclamado a Bauzà que "deje de contar turistas" y "haga políticas de decrecimiento". Pero Bauzà ha insistido en que las medidas en materia turística que tomará el Govern saldrán de la Mesa para el pacto social por la sostenibilidad. "Creo en que somos un territorio frágil y limitado, creo en los límites, en la contención y en una mejor convivencia entre todos. Creo en la Mesa para un pacto político y social", ha expuesto.

Y a partir de aquí un pleno casi monográfico sobre el Decreto Ómnibus aprobado por el Govern el día 24 del mes pasado. La izquierda defiende que va en sentido contrario a la contención turística, que significa más presión territorial y urbanística, y que está pensado para favorecer a los “poderosos”.

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, se ha defendido criticando a la líder a distancia del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que calificó la Mesa por la sostenibilidad como una “pantomima”. “¿Usted cree que buscar el consenso y el diálogo social es hacer una pantomima?”, le ha preguntado Costa a la diputada socialista Amanda Fernández.

“Menospreciar a la Mesa es menospreciar a más de 100 entidades que forman parte de ella, es menospreciar el diálogo y la participación de los agentes económicos y sociales. Las Baleares no se merecen esta oposición del fango que sólo busca la destrucción”, ha sentenciado Costa.

La diputada Pilar Costa, menos brillante que de costumbre, ha calificado la norma como “Decreto motosierra”. Se le han visto ocurrencias mejores. Y ha vaticinado que el Decreto Ley será declarado inconstitucional, avanzando desde ya mismo la intención del Grupo Socialista de recurrirlo una vez sea convalidado por el Parlament. Lo que viene siendo judicializar la vida política, justamente lo que se predica que no hay que hacer, aunque eso es en Catalunya.

Ante los reproches de la diputada Mercedes Garrido, en la línea del monotema de este martes, la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha calificado al PSOE de ser el "gran defensor" del suelo rústico, cuando autorizaron 3.137 nuevas casas en rústico en los ocho años del Pacte.

Marc Pons se ha desatado hablando del "decreto ley del Medusa Beach", con muy poco respeto por los cuatro fallecidos en el siniestro acaecido hace pocas semanas en Playa de Palma. Cuesta creer semejante frivolidad ante un accidente mortal, pero es una buena muestra del nivel de desquicie en el que está sumido el PSOE. "El problema es que ustedes solo son ecologistas cuando están en la oposición", ha afeado Costa a Pons, asegurando que siete de cada diez autorizaciones en rústico en los últimos 20 años han sido concedidas con gobiernos de izquierdas.

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