El presidente del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne, recibió este jueves en audiencia al director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, Tòfol Milan. Al parecer, el presidente Le Senne informó al director de la OAIB de las intenciones del Govern de cerrar este ente de control, aunque no hay un calendario para ello, ni tampoco se sabe qué sucederá con los trabajadores.
Recordemos que la Oficina Anticorrupción nació en virtud de una Ley y sólo puede desaparecer del mismo modo, si bien los dos partidos de la derecha parlamentaria (PP y Vox) se han mostrado partidarios de su supresión, al considerar que su tarea está duplicada y que ha sido utilizada por los partidos de izquierdas de forma partidista, para atacar a la oposición cuando eran ellos quienes gobernaban y ostentaban la mayoría del Parlament.
Lo cierto es que existe la sensación de que la Oficina Anticorrupción no cumple los objetivos de prevención de la corrupción para las que fue creada; y mucho menos que actúa de forma imparcial; y que sus investigaciones sirven para algo. Y dado que el presupuesto que el Govern destina a sufragar la actividad de la OAIB es de 1,5 millones de euros, una cantidad nada despreciable y que podría destinarse a otros fines de mayor utilidad, la reflexión sobre el futuro de este ente dependiente del Parlament es muy procedente.
Si lícita y conveniente fue su creación en el año 2016, tras un acuerdo de los partidos del Pacto de Progreso, igualmente lícita y conveniente sería su eliminación si se estima que no cumple adecuadamente con su misión. Aunque también existe la posibilidad de modificar la Ley para dotar a la OAIB de mayores competencias o sustituir a su actual cúpula directiva,
Por otra parte, tenemos a la oposición criticando que la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, no entregase en el plazo previsto su declaración de bienes; cuando otros dirigentes y cargos públicos de PSOE, Més per Mallorca y Podemos se encuentran en idéntica situación, lo cual no deja de ser un destacable ejercicio de hipocresía política.
Así, el exalcalde de Palma y actual senador autonómico, José Hila, además de los ediles Rosario Sánchez, Angélica Pastor, Francisco Ducrós, Francisco Dalmau, Elena Navarro y Daniel Oliveira, todos ellos del PSOE; Neus Truyol y Kika Coll, de Més; y Lucía Muñoz, de Podemos, no están al corriente de sus obligaciones respecto a la Oficina Anticorrupción y las declaraciones que legalmente deben presentar. Lo que no impide a sus partidos censurar a políticos de otras formaciones por lo que hacen los suyos. Inadmisible.
