El transporte en las Islas Baleares es la arteria vital que sostiene la economía y garantiza una experiencia turística fluida. Cada año, miles de visitantes aterrizan en Palma y dependen del transporte para trasladarse a sus alojamientos, hoteles, playas y destinos clave. Un sistema de transporte de pasajeros discrecional, transporte público, alquiler de vehículos sin conductor y con conductor, regulado y bien gestionado, es clave para mantener esa imagen de excelencia.
Sin embargo, los “taxis pirata” que operan impunemente en la zona de llegadas del aeropuerto de Palma y también en Ibiza, proyectan una imagen y una realidad intolerable: minibuses y vehículos no autorizados captan clientes fruto de una dejadez institucional por parte de AENA.
Estas prácticas infringen la legalidad, al cobrar precios arbitrarios, carecer de seguros adecuados y ofrecer una experiencia precaria. Además, conspiran contra los taxistas autorizados, regulados, y formados, generando un fraude evidente que distorsiona el mercado y perjudica a quienes cumplen las normas.
Si bien los esfuerzos del Govern y Fuerzas de Seguridad han dejado claro que el intrusismo se combate con sanciones y campañas de inspección, la indolencia de AENA es inaceptable. Como ente gestor del aeropuerto, debe asumir un papel activo: aumentar la presencia de seguridad, colaborar en la identificación y expulsión de vehículos irregulares, coordinar con la Policía y fiscalizar a quienes intentan operar en sus instalaciones sin autorización. Es inadmisible que AENA se desentienda esgrimiendo falta de competencia y deje paso libre a la anarquía en sus instalaciones.
Es inadmisible que AENA se desentienda esgrimiendo falta de competencia y deje paso libre a la anarquía en sus instalaciones
En definitiva, sin un transporte fiable y regulado no es posible asegurar la confianza de los visitantes. El sector debe ser parte de la experiencia turística, no un riesgo a esquivar. AENA debe abandonar su pasividad en los tres aeropuertos de Baleares y poner en marcha un plan coordinado y contundente.
Las Islas Baleares no pueden permitirse que un problema de ilegalidad convierta su mejor carta de bienvenida en un boicot para el turismo. Un aeropuerto que no defiende la legalidad de su transporte, perjudica la imagen y competitividad de todo el archipiélago.
