El Partido Popular ha registrado en el Parlament balear una proposición no de ley para que el Gobierno y las Cortes Generales legislen sobre la prohibición del velo islámico integral —el burka y el niqab— en espacios públicos, junto a otras prácticas contrarias a la igualdad y la dignidad de las mujeres como los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.
Este debate, que en Baleares ha tenido menor eco público, es en realidad una pieza de un debate político de alcance nacional. Desde hace meses, Vox ha empujado en Madrid y en diferentes parlamentos autonómicos medidas para vetar todo tipo de vestimenta islámica que oculte el rostro o simbolice, según ellos, “identidad cultural ajena”. También ha instado que se prohíba la Fiesta del Cordero, algo que critico incluso el presidente de la Conferencia Episcopal.
Frente a ese planteamiento maximalista de la extrema derecha, el PP ha optado por una vía más ponderada y jurídicamente sostenible. La propuesta popular se apoya en precedentes europeos —Francia, Bélgica o Austria— donde la regulación del velo integral en espacios públicos ha sido objeto de legislación y jurisprudencia, y subraya que la libertad religiosa no es absoluta cuando colisiona con la dignidad, la igualdad y la seguridad de las personas.
La propuesta popular se apoya en precedentes europeos —Francia, Bélgica o Austria— donde la regulación del velo integral en espacios públicos ha sido objeto de legislación y jurisprudencia
Ese enfoque difícilmente encaja con la retórica de Vox, que suele instrumentalizar estas cuestiones para agitar identidades culturales y ampliar su base electoral. Vox ha llegado a pedir vetos sobre festividades musulmanas o clases de religión islámica en escuelas, planteamientos que superan con creces la discusión jurídica y transitan un terreno de confrontación cultural.
El PP, al contrario, ubica el debate donde corresponde: en el Parlamento y con respeto al marco constitucional. Si el objetivo es proteger la igualdad de género y asegurar que prácticas opresivas no se escuden en la libertad religiosa, esto solo puede abordarse con leyes claras, sentencias bien fundamentadas y diálogo con las comunidades afectadas. Cualquier atajo demagógico no hará más que polarizar y provocar efectos contrarios a la cohesión social.
Es conveniente que el Gobierno y las Cortes Generales afronten este asunto con rigor. Regular la vestimenta integral no es cuestión menor, pero tampoco puede ser un juguete en manos de oportunistas. España merece un debate serio sobre libertad, igualdad y convivencia.
