España estrena el año con el bolsillo en tensión. Enero no sólo marca el inicio del calendario, sino también el despliegue efectivo de una batería de subidas en cotizaciones, tasas, impuestos y servicios que coinciden con un dato nada menor como es el hecho de que 2025 cerró con una inflación del 2,7 por ciento. Un porcentaje moderado en términos macroeconómicos, pero suficiente para erosionar el poder adquisitivo acumulado de hogares y empresas. Sobre ese terreno ya castigado aterriza ahora una nueva oleada de costes.
La falta de Presupuestos Generales del Estado ha dado lugar a una arquitectura fiscal fragmentada, construida a base de reformas parciales aprobadas a lo largo del último año. El resultado es un mapa confuso, pero inequívoco; trabajar, producir y consumir será más caro. El aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional hasta el 0,9 por ciento y la ampliación de la base máxima de cotización elevan el coste laboral en un momento en el que muchas empresas aún no han recuperado márgenes. Para los autónomos, que asumen íntegramente sus cuotas, el impacto es todavía más directo, aunque se haya optado por congelar formalmente sus aportaciones.
En un país que cerró 2025 con un IPC del 2,7 por ciento, añadir presión fiscal y tarifaria sin una mejora equivalente de rentas y productividad implica trasladar el ajuste a familias y empresas
A esta presión fiscal se suma el encarecimiento de servicios esenciales. La energía vuelve a situarse en el centro del problema con mayores aportaciones obligatorias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, subidas de peajes eléctricos y alzas en la parte fija de la factura anticipan un recibo de la luz más elevado. Lo mismo ocurre con los combustibles, amenazados por los efectos del nuevo sistema europeo de comercio de emisiones, que acabará trasladándose al precio del transporte y, en cadena, a la cesta de la compra.
El ciudadano tampoco encontrará alivio en otros ámbitos. Comisiones bancarias al alza, primas de seguros revisadas y tarifas aeroportuarias más caras completan un escenario en el que el coste de vida aumenta por múltiples vías, muchas de ellas poco visibles pero constantes. No es una gran subida aislada, sino una suma persistente de pequeños incrementos.
El debate de fondo va más allá de la recaudación. En un país que cerró 2025 con un IPC del 2,7 por ciento, añadir presión fiscal y tarifaria sin una mejora equivalente de rentas y productividad implica trasladar el ajuste a familias y empresas. 2026 se perfila así como un año más caro y más exigente, en el que la planificación dejará de ser una virtud para convertirse en una necesidad básica. Porque cuando todo sube a la vez, el margen de error se reduce al mínimo.
