Los juzgados de Vía Alemania siempre han sido un ecosistema particular. Uno entra por una causa o simplemente como visitante y percibe una sensación difícil de explicar. Por sus pasillos han pasado todo tipo de personajes, muchos de ellos vinculados a grandes causas penales. En la sala número tres se instruyó el caso Nóos. Nada más cruzar las puertas y superar el torno de seguridad, a mano derecha se encuentra el despacho del juez decano de Palma. Desde esta semana, lo habita un nuevo inquilino, Alejandro González Mariscal de Gante.
Conoce bien el terreno que pisa. Ha trabajado durante años en los juzgados de la ciudad y es uno de los magistrados más jóvenes en asumir el cargo. Juez vocacional y firme defensor de la independencia judicial, en los últimos meses había saltado a la palestra mediática por su oposición abierta a las reformas del Ministerio de Justicia impulsadas por Félix Bolaños.
Asume el cargo en un momento de máxima tensión en la Administración: órganos saturados, reformas en marcha y una creciente sensación de que los medios económicos no acompañan al volumen de trabajo.
"Sin inversión económica, ninguna reforma puede funcionar"
Desde su despacho, el juez decano de Palma escucha el murmullo de la calle, una manera simbólica de mantenerse conectado al pulso exterior que late más allá de los muros judiciales. González describe la justicia actual como una herramienta social que sobrevive “por pura vocación” dentro de una estructura que lleva años “infradotada y olvidada por las instituciones”.
Afronta, además, un contexto especialmente complejo en Baleares, donde el elevado coste de vida disuade a jueces y funcionarios de instalarse en las islas. La inminente reforma de los tribunales de instancia —derivada de la Ley de Eficiencia Procesal— amenaza con poner a prueba un sistema ya al límite. González no esquiva el diagnóstico: “Sin inversión económica, ninguna reforma puede funcionar. Es triste hablar de dinero, pero es lo único que puede resolver los retrasos de tres y cuatro años que sufrimos en los juzgados”, asegura Alejandro González en esta entrevista con mallorcadiario.com.
"Todos los juzgados están por encima del 100 por cien de carga de trabajo, algunos incluso al 170 por ciento"
¿Qué valoración hace de la situación actual de la justicia en Palma y del estado general de los juzgados en Baleares?
Más o menos igual que en el resto de España, pero con matices. La justicia está infradotada, apenas tiene presupuesto y no se invierte lo suficiente. En Palma se suma un problema añadido: el coste de vida. Es una ciudad cara, los sueldos se estiran menos y eso desincentiva a que vengan jueces y funcionarios. Yo soy un enamorado de las islas, pero hay gente que, por mucho que le gusten, no puede quedarse o ni se plantea venir. Así que tenemos una doble carencia: menos medios y menos personal dispuesto a trabajar aquí.
En breve entrará en vigor la reforma de los tribunales de instancia. ¿Cuáles son los mayores retos para aplicarla?
El mayor reto es el de siempre, la falta de inversión. Las reformas no se aplican solo con leyes, se necesita dinero y voluntad. Y la voluntad la tenemos, porque hay una enorme vocación en todos los niveles —jueces, letrados, funcionarios, fiscales, abogados, procuradores—, pero sin inversión los resultados no llegan en un tiempo razonable. Es desolador ver retrasos de tres o cuatro años en juicios que podrían resolverse con una inversión mínima.
Los jueces llevan tiempo alertando de la sobrecarga y la saturación. ¿Qué diagnóstico hace de esa tensión en Palma?
Todos los juzgados están por encima del 100 por cien de carga de trabajo, algunos incluso al 170 por ciento. Eso tiene consecuencias en salud laboral, en el estrés y en la calidad del servicio. No existen ya juzgados “cómodos”. La única solución es invertir más, crear nuevas unidades judiciales y aumentar el personal. No hablo solo de jueces, también de tramitadores, gestores y letrados. Es un problema que afecta a todos los servicios públicos, no solo a la justicia.
"La reforma de los tribunales de instancia genera más burocracia, más trámites y más dilación"
Ha hablado de “vulnerabilidad judicial”. ¿Cree que la confianza de los ciudadanos en la justicia se está resintiendo?
No, no creo que haya una desconfianza hacia los jueces. Lo que hay es un intento de politizar la justicia, de colocar etiquetas. Interesa enfrentarnos al poder político, cuando lo único que hacemos es investigar hechos, sean de quien sean. Hay más de un millón de causas penales al año. Nos fijamos mucho en algunas, pero hay miles más. El ciudadano sigue confiando, de hecho, la litigiosidad aumenta, lo que demuestra que la gente acude más a los tribunales.
¿Cuáles son, en su opinión, las reformas legislativas más problemáticas?
Las últimas reformas no han beneficiado al ciudadano. La introducción de los medios alternativos de resolución de conflictos, por ejemplo, solo retrasa los procedimientos seis meses más, sin aportar nada. Los abogados ya intentan acuerdos antes del juicio. Y la reforma de los tribunales de instancia genera más burocracia, más trámites y más dilación. En los lugares donde se ha implantado ya se está viendo que los tiempos se duplican o triplican. También me preocupa la propuesta de atribuir la instrucción penal a los fiscales. Es una reforma peligrosa porque siembra dudas sobre la independencia y reduce el número de instructores disponibles.
Sus críticas parecen más cercanas a las del Colegio de Abogados que a las del presidente del TSJIB, Carlos Gómez. ¿Hay diferencias de criterio?
No hay conflicto, simplemente ponemos el foco en cosas distintas. El presidente del TSJIB valora la coordinación; yo insisto en la falta de medios. Mi preocupación es que estas reformas se implanten sin los recursos necesarios, y eso es lo que pone en riesgo el servicio público.
"Me preocupa el intento constante de etiquetar a los jueces. Es un absurdo que solo busca erosionar la confianza de la ciudadanía"
Junts ha anunciado que presentará enmiendas a las leyes del Gobierno, incluida la de Bolaños. ¿Cómo valora este bloqueo?
Todo bloqueo institucional es negativo, porque impide la normalidad democrática. Pero, siendo realista, después de haber pedido más tiempo para aplicar los tribunales de instancia, no puedo negar que un retraso sería un alivio. Lo que no sé es si la motivación política de ese bloqueo tiene algo que ver con nuestras peticiones.
El aumento de población y el modelo turístico en Baleares están generando nuevos conflictos judiciales. ¿Cómo se prepara la judicatura para ese contexto?
Con mucho esfuerzo y profesionalidad. Los jueces, fiscales y funcionarios trabajamos con un alto nivel de especialización, pese a los medios limitados. En Baleares el servicio se presta bien gracias al trabajo incansable de todos, también de abogados, procuradores y cuerpos de seguridad. Pero vuelvo a lo mismo: no será por la inversión, que sigue siendo insuficiente.
¿Le preocupa la imagen de una justicia politizada o partidista?
Sí me preocupa que se intente transmitir esa imagen, aunque no creo que la mayoría de los ciudadanos la compren. La gente sabe que los jueces son independientes. Lo que me preocupa es el intento constante de etiquetar: que si el juez es “rojo”, “facha”, “de izquierdas” o “de derechas”. Son etiquetas absurdas que solo buscan erosionar la confianza.
"Hay una obsesión por legislar mucho, en lugar de legislar bien. Más que nuevas leyes, necesitamos buenas leyes"
Algunos movimientos sociales acusan a la justicia de ser “machista”, “clasista” o “elitista”. ¿Qué responde?
Que el dato mata el relato. La mayoría de la carrera judicial son mujeres, jóvenes, y la oposición es el mayor ascensor social que existe. Nadie llega por herencia ni por contactos, sino por mérito. Además, cada asunto pasa por varios jueces: audiencias, tribunales superiores, Supremo... No tiene sentido hablar de una justicia elitista cuando cualquier persona puede acceder a la carrera judicial si se esfuerza.
¿Cuántas plazas faltan en Palma para que la justicia funcione con normalidad?
Sería necesario duplicar las unidades judiciales, no solo jueces, sino también letrados y funcionarios. Pero ni siquiera logramos cubrir todas las plazas actuales. Palma es una ciudad magnífica, pero carísima, y cobramos lo mismo que en otras provincias más baratas. Eso desincentiva venir aquí y agrava la sobrecarga.
¿Es necesario revisar los grandes códigos legales, como el Penal o el Civil?
Tenemos leyes antiguas, sí, pero muy bien redactadas y adaptables. El Código Civil del siglo XIX se ajusta hoy al comercio electrónico, por ejemplo. El problema es que las leyes recientes se redactan peor y hay una obsesión por legislar mucho, en lugar de legislar bien. Más que nuevas leyes, necesitamos buenas leyes y debates reales en el Parlamento. Echo de menos que se escuche a los operadores jurídicos antes de aprobar reformas.
