El gobierno de Pedro Sánchez está a punto de cometer otro error más en su hoja de ruta política. Pero éste será imperdonable puesto que contiene la alevosía como agravante. Después de la situación que hemos vivido en España por el COVID-19 es el momento de instaurar la cordura y el sentido común. Parar máquinas, poner en reposo la nueva ley que estos días está tramitando el Congreso de los Diputados y dejar que empiece el curso escolar en septiembre para retomar el verdadero diálogo social con toda la comunidad educativa.
Me da la sensación de que no hemos aprendido nada de estos dos meses y medio. Los docentes hemos tenido que reaccionar ipso facto y modificar nuestra planificación, nuestra metodología y nuestra evaluación a una nueva forma de vida.
Todo ello, pensando en el bien de los alumnos; el epicentro de la verdadera causa de nuestro trabajo y la razón de ser de los centros educativos. Todo un esfuerzo de horas invertidas para que ahora todo quede en aguas de borraja.
En política, casi siempre, se toman decisiones sin pensar muy bien en las consecuencias que de ellas se derivan. Vengo escribiendo en estas columnas de los viernes sobre la importancia de que la nueva norma educativa que nos ampara a todos los españoles tiene que ser capaz de anticiparse a los tiempos y recoger todo aquello que en estos meses hemos tenido que improvisar.
No basta que en la nueva ley se quite peso a la escuela concertada, no basta que la nueva ley contemple medidas diferentes para los centros de educación especial, no basta que la nueva ley recoja principios teóricos plagados de buenas intenciones.
La nueva ley necesita un cambio estructural. La nueva ley necesita una nueva redacción de los currículos; estos tienen que ser más transversales e integradores. La nueva ley necesita desarrollar la competencia digital a las situaciones del siglo veintiuno. La nueva ley necesita dar respuestas concretas a las flexibilizaciones curriculares y programas concretos desde el inicio de la educación secundaria para dar respuesta a muchas necesidades educativas de muchos alumnos. La nueva ley necesita una autonomía de gestión de centros real y efectiva. La nueva ley necesita modificar el acceso a la función pública para que nuestro país tenga en su plantilla de profesores el mejor talento humano.
De lo contrario, fracasaremos y nos lamentaremos doce años más. Porque, una vez más tengo que recordar que para evaluar una ley de educación tenemos que dejar pasar doce años, el tiempo que dura el periodo de escolarización de un alumno. Por favor, paren la tramitación de esta ley.
