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Es necesario volver a regular el servicio de taxi

lunes 30 de julio de 2018, 22:00h

El conflicto que afecta al sector del taxi en las principales ciudades españolas llega este martes a Mallorca con cinco horas de paro del servicio. Los taxistas de Balears muestran así su apoyo a los profesionales del resto del país que protestan por la implantación de servicios VTC (Vehículos de Transporte con Chófer) que consideran lesivos para sus intereses.

La rapidez y, en muchos casos, la virulencia con que se ha extendido el conflicto hacen difícil prever una solución que satisfaga tanto a las partes enfrentadas como a los usuarios del servicio, que se están viendo desamparados desde hace días. El sector del taxi ha funcionado prácticamente en situación de monopolio hasta la llegada de los servicios de VTC, unos servicios que compiten con el taxi en calidad y en precios, que funcionan amparados en sentencias judiciales y normativas europeas, y que, sobre todo, son impulsados a través de plataformas de Internet que convierten el fenómeno en imparable.

La situación obliga a regular el servicio desde cero, desde un punto de vista integral, de forma que se garantice la parte de servicio público que cubren los taxis en las ciudades, que fomente la competencia en términos de calidad, que asegure unas tarifas justas, que dimensione las necesidades reales de cada opción con una proporción lógica, y que salvaguarde la calidad de empleo que generan tanto los taxistas como las nuevas plataformas.

Frente a las salvajadas de algunos exaltados, varias reclamaciones de los taxistas tienen sentido, como la realizada sobre la práctica de algunos VTC que cargan clientes en trayectos urbanos o incluso en paradas. Pero sus quejas esconden un deseo de inmovilismo que, hoy en día, es imposible de cumplir. Los VTC, al igual que otros fenómenos de la llamada “economía colaborativa” como es el alquiler vacacional, han llegado para quedarse y, en este caso, tienen un segmento de mercado compatible con el taxi. A los VTC hay que exigirles el cumplimiento de las normas, limitados exclusivamente a los servicios habilitados por sus licencias; y a los taxistas, la nueva situación debe incentivarles para profesionalizar y mejorar aún más el servicio. En este sentido, no sería descartable analizar la posibilidad de conceder más licencias, de forma que sea factible exigir -con turnos y planificaciones exhaustivas- que, en ciudades como Palma, no haya grandes zonas urbanas donde conseguir un taxi a pie de calle es una misión imposible, especialmente en temporada turística, cuando la mayoría de taxis únicamente se mueven por el centro, el aeropuerto y la terminal de cruceros.

Esta crisis debería servir para potenciar un auténtico servicio público. En este aspecto, la labor de la administración es capital. Desde el Ministerio de Fomento hasta los ayuntamientos implicados deben hacerse esfuerzos para transmitir una sensación de seguridad y un apaciguamiento de la situación que tranquilice a las partes y permita aliviar el colapso que en grandes ciudades como Barcelona o Madrid alcanza ya demasiados días. Los usuarios, y los ciudadanos en general, no son culpables del problema y deberían quedar al margen de todo conflicto.

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